La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que interpusieron diputados de la LIX Legislatura del Estado de México para impugnar la despenalización de la venta de alcohol a menores.

La acción de inconstitucionalidad fue promovida por diputados del PAN, PRD, Morena y PT para impugnar el Decreto 241, por el que se despenalizó la venta de alcohol a menores que, a partir de esta norma, se castiga con sanciones administrativas.

Al admitir la demanda de los legisladores mexiquenses, el ministro Javier Laynez Potisek ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de México para que rindan su informe dentro del plazo de 15 días hábiles, a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo de admisión.

También requirió al Poder Legislativo para que al rendir el informe solicitado remita a la Corte copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas, así como de las constancias que, en su caso, acrediten a quienes suscribieron el escrito inicial de demanda.

Asimismo, al Poder Ejecutivo del Estado para que, en el mismo plazo, exhiba un ejemplar del Periódico Oficial en el que se haya publicado el decreto combatido.

En su recurso, los legisladores solicitaron a la Suprema Corte de Justicia declarar la invalidez del Decreto 241, publicado en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México el 8 de septiembre de 2017, con especial énfasis en el Artículo Noveno referente a las reformas y derogaciones a los artículos del Código Penal estatal.

La despenalización de la venta de alcohol a menores de edad fue aprobada por mayoría a mediados de agosto pasado por el pleno del Congreso del Estado de México, con lo que se derogó el Artículo 148 bis del Código Penal local que imponía una sanción de tres a seis años de prisión y de 500 a dos mil días de multa a quienes vendieran o suministraran bebidas alcohólicas a menores de 18 años.

De acuerdo con los diputados locales priistas, la medida permitirá erradicar actos de corrupción o intentos de extorsión que aquejaban a los empresarios del sector por algunas autoridades.