Francisco Garfias

 

Al correo de Arsenal nos llegaron mensajes de activistas por los derechos humanos dirigidos a la diputada tamaulipeca, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, presidenta de la Comisión de Gobernación de la Cámara baja.

No les gustó que la hermana de quien fuera el mero mero del EZLN fundamentara la controvertida Ley de Seguridad Interior, que el jueves se aprobó en San Lázaro, y que, según sus detractores, es génesis de la militarización del país.

“Que nos explique la hermana del subcomandante Marcos, secretaria general de gobierno con Eugenio Hernández, presuntos gestores del crimen organizado, cómo no se entrega a los militares la responsabilidad”, dice el mensaje que nos fue remitido por una conocida activista que pidió el anonimato

En redes sociales se escribieron mensajes sexistas y misóginos en contra de la diputada del PRI.

Nos mandaron copia del artículo 20 de la citada ley como prueba de “rendición y militarización”:

“Las Fuerzas Armadas, sin prejuicio de las misiones que tienen signadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de sus Leyes Orgánicas, sólo intervendrán mediante la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando las capacidades de las fuerzas federales resulten insuficientes para reducir o contener la amenaza de que trate”.

También de los incisos I, II, III y IV del citado artículo sobre la transferencia de mandos a militares en caso de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, así como la integración de grupos interinstitucionales coordinados por un comandante de las Fuerzas Armadas nombrado por el Presidente, a sugerencia de los secretarios de Defensa y de Marina.

La ley fue votada en contra por Morena, el PRD, el MC y una parte del PAN, pero no les alcanzó para abortarla en San Lázaro. Se impuso una mayoría conformada por el PRI, sus aliados y una parte del PAN no anayista.

Al partido de AMLO le reprochan haber firmado a favor de que se agendara el tema en la sesión, lo que, según la exdiputada federal Enoé Uranga, puso en mayoría a los que querían llevarla al Pleno para su discusión y su posterior aprobación.

Los críticos de la ley alegan que es violatoria de los derechos humanos y que permite reprimir manifestaciones de protesta social o político-electorales. Le dejo citas textuales de los artículos 7 y 8 para que usted norme criterio.

El artículo 7 dice que los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de la ley deberán someterse en todo momento, y sin excepción, a la preservación irrestricta de los derechos humanos.

El artículo 8 señala que las movilizaciones de protesta social o las que tengan motivaciones político-electorales, que se realicen pacíficamente, bajo ninguna circunstancia serán consideradas amenaza a la seguridad interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la Seguridad Interior.

La redacción de este artículo dio argumentos a los que dicen que es violatoria de las garantías individuales. Deja abierta la posibilidad al Ejército de reprimir manifestaciones de protesta social o electoral que no sean consideradas pacíficas por autoridades facultadas para declarar amenazada la Seguridad Interior.

Miguel Mancera, quien anda en campaña, fijó postura en contra del ordenamiento que, según algunas ONG, abre la puerta a la militarización del país

“México los ha requerido en posición de policías, pero esa no es su actuación. Así que si salen a las calles debe haber un documento en el que se diga por qué están en las calles, cuánto tiempo deben de estar y en qué lugares, porque los militares tienen otro entrenamiento, otra forma de acción”, puntualizó el jefe de Gobierno.

  • La “muda” por fin habló y se alineó. Ivonne Ortega rompió el silencio que se autoimpuso desde el destape de José Antonio Meade y declinó a favor del futuro candidato del PRI a la Presidencia de la República. “Es el mejor para representar a nuestro partido en la elección presidencial”, dijo públicamente.

Ayer renunció a registrarse como aspirante del tricolor a la Presidencia de la República.

Apareció junto a Meade en la sede del CEN del PRI, le ofreció el millón 495 mil firmas que juntó para registrarse  como precandidata presidencial.

Al anuncio le siguió un coro formado por tricolores que aplaudían la decisión al grito de: “¡Unidad! ¡Unidad!”.

La exsecretaria general del PRI recorrió el país y encabezó encendidos mítines contra el gasolinazo que se produjo en los tiempos de Meade en Hacienda. Ha sido una de las voces críticas de la política económica del gobierno.

Abanderó el reclamó a la dirigencia del partido por haber modificado los estatutos del partido para que un ciudadano pudiera ser candidato presidencial del tricolor.

Modificó radicalmente su postura. Se vale preguntar: ¿Le hicieron manita de puerco?

En el equipo de Ortega nos dicen, sin dar detalles, que hay acuerdos que esperan que se cumplan, y aseguraron que no aceptó ningún cargo para ella, pero sí para la “militancia ignorada”.

  • En Nuevo León hay jaloneos por la Fiscalía General del Estado. Diputados locales del PAN, encabezados por José Arturo Salinas Garza, no quieren que el procurador de Justicia del estado, Bernardo González Garza, ocupe el cargo.

La bancada panista local argumenta que la Constitución no permite que González Garza participe en el proceso porque es el actual procurador. Pero los voceros de la “procu” aseguran que no hay impedimento legal para que sea titular de la PGJ.