Para México, el tema de la migración y todo en torno al fenómeno migratorio es una prioridad, ello, debido a que este país es de salida, destino, transito y retorno de personas que, en su afán de buscar una mejor condición de vida, deciden emprender un viaje en el que muchas veces arriesgan su vida.

Así lo manifestó el director general adjunto para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Issac Morales, quien reconoció que hoy es fundamental para la política exterior la defensa y protección de los derechos humanos de los migrantes, independientemente de su estatus de estancia en el país.

Destacó que México es un país que ha apoyado, desde su origen, la convención internacional para la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, así como las relatorías sobre sus garantías, tanto en la ONU, como en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a nivel regional.

Dijo que facilitadores de México y Suiza lideran el actual proceso de construcción hacia un pacto mundial sobre migración, el que sin duda tendrá todos los componentes, y el tráfico ilícito de migrantes merecerá una atención integral y coordinada por parte de la membresía de las Naciones Unidas desde una óptica múltiple, de prevención, penalización y atención a víctimas.

Explicó que de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, en su último reporte de noviembre pasado, señaló que en lo que va de 2017, cinco mil 14 migrantes han fallecido en su tránsito en todo el mundo.

En el marco del Día Internacional del Migrante, el funcionario explicó que el delito no sólo reporta ganancias a las organizaciones criminales que lo perpetúan, sino que también implican un elevado costo humano por las condiciones a las que se enfrentan los migrantes, que ponen en riesgo su integridad física y su dignidad.

Ante dicha problemática, la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) presentó el «Manual operativo de procedimientos para la detección y atención de migrantes objeto de tráfico ilícito», que fue pensado a partir de la necesidad de crear redes interinstitucionales para el abordaje integral en la materia, al tiempo de que se proteja los derechos humanos de los migrantes.

El representante de la UNODC en México, Antonino de Leo, refirió que de todos los temas de la agenda global de la actualidad, el tráfico ilícito de migrantes se ha posicionado como uno de los más críticos.

«En nuestra región, las escenas de migrantes abandonados a su suerte en el desierto o en camiones hacinados en condiciones infrahumanas son frecuentes, y es muestra de que el tráfico ilícito está en su apogeo», subrayó.

Agregó que este crimen ha cobrado la vida de miles de personas que en la necesidad de encontrar una alternativa a la guerra, al hambre, a la violencia, la persecución, desastres naturales o por buscar una mejor condición de vida, llegan al extremo de entregarse en manos de estos delincuentes.

Es un negocio que genera ganancias millonarias a las redes criminales y alimentan los mismos círculos de violencia de los cuales los migrantes son expulsados, donde los recursos son utilizados para comprar armas, contratar sicarios, sobornar funcionarios públicos, pagar fletes para el transporte de droga, o elaborar productos falsificados, entre otros.

«Es un negocio mortal que fortalece a la delincuencia organizada», abundó De Leo.

La subprocuradora de Derechos Humanos del Procuraduría General de la República (PGR), Sara Irene Herrerías Guerra, indicó que dicha oficina, en conjunto con el Proyecto Nacional de prevención y combate al tráfico ilícito de migrantes SOMMEX, han capacitado a muchos servidores públicos.

Aseguró que el manual es una herramienta que contribuye a que las autoridades realicen su trabajo respetando los derechos humanos de personas en vulnerabilidad, como lo son los migrantes.

«Muchas personas que entran a nuestro país lo hacen de forma irregular, y es por eso que nosotros tenemos que velar porque sus derechos humanos sean protegidos», explicó.

«Los servidores públicos tenemos un compromiso con la gente de nuestro país, y con la gente qué transita por nuestro territorio, es un compromiso propio de vida, así deben de asumirlo los servidores públicos. Es necesario que el combate al delito se allegue de una legislación eficiente, pero también de servidores públicos comprometidos en favor de los derechos humanos», señaló.

Destacó el manual que se presentó hoy, el cual es fundamental para respetar de forma institucional los derechos humanos de los migrantes, «quienes deben ser reconocidos en todo momento como personas con derechos, como sujetos de garantías, y no solo como objetos de tráfico».