La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, adelantó que la dependencia evaluará la propuesta presupuestal que presente el próximo gobierno para 2019, a fin de evitar se abandone la actual Agenda Urbana en proceso.
Al encabezar la presentación del libro “Anatomía de la movilidad en México”, que expone un diagnóstico de la política pública que se siguió a lo largo de la presente administración, dijo que la Sedatu estará atenta del proyecto presupuestal para opinar al respecto, con el objeto de que se favorezcan los recursos para la continuidad de estrategias de política pública que se enfoquen en la Agenda Urbana.
“Estamos a punto de conocer la propuesta 2019 y desde luego que emitiremos una opinión todavía como Secretaría en relación con los rubros que son importantes y si son castigados nos parecería que debiera ser objeto de debate en la Cámara de Diputados”, argumentó.
En su opinión, no se debe abandonar esta visión de nueva Agenda Urbana con todo lo que implica, sobre todo cuando de lo que se trata es de considerar un presupuesto que es más que nada un “Derecho de Ciudad”.
“Tiene que pensarse qué partes del presupuesto 2019 están vinculados con algo que establece la ley que es el Derecho a la Ciudad, no sólo el compromiso con la nueva agenda urbana, sino con la Ley General de Asentamientos Humanos que tiene un capítulo de movilidad, de resiliencia, de gobernanza metropolitana, de espacios públicos, etcétera, y todo esto implica recursos”, indicó.
Señaló que garantizar un presupuesto suficiente sobre los diversos temas de la Agenda Urbana permitirá al país llegar al año 2030 con una perspectiva de nuevas ciudades y en cuyo camino la inversión pública en el tema de movilidad esté más relacionada con impulsar iniciativas para incentivar el transporte público o masivo, además de más espacio públicos e infraestructura inclusiva.
En el caso de no quedar mucho espacio fiscal para la dirección de recursos públicos sobre el avance de la Agenda Urbana en desarrollo, existe la oportunidad de que el sector privado participe a través de esquemas en Asociación Público Privado (APP), así como acceder a fondos o financiamientos internacionales, consideró.
“Garantizar el financiamiento es el gran tema de las ciudades, esto es una inversión que va a generar mayor productividad para la ciudad y menos gasto para las familias”, explicó.
Robles Berlanga puntualizó que si bien es correcto invertir en más carreteras y caminos, también es necesario impulsar mejoras en temas de transporte público, ya que luego de la alimentación, en el décil de ingresos más bajos en México, transporte es el segundo rubro en el que más gastan las familias mexicanas.
“Uno de los aspectos que más incide en la pobreza es el gasto en transporte, es decir, como parte de la canasta para evaluar la pobreza, el gasto en transporte está como uno de los aspectos que más impacto deja en la economía familiar”.
Asimismo, destacó, en los últimos años se ha gestado un mayor involucramiento de gobiernos estatales y municipales para favorecer proyectos de movilidad urbana, y cuya tendencia habrá de seguir en los años.
No obstante, admitió que a pesar de dicha perspectiva, sigue haciendo falta una mayor participación de los gobiernos subnacionales dentro de las estrategias públicas de movilidad.
En cuanto a la publicación presentada, la coordinadora de Movilidad de la Sedatu, Gisela Méndez, indicó que durante los últimos tres años de la administración federal una gran cantidad de personas expertas de la sociedad se incorpó a los tres niveles de gobierno para influir de manera importante en la toma de decisiones para mejorar la movilidad en el país.
Comentó que a ello se suma que los gobiernos estatales toman más en serio la consolidación de la Agenda Urbana, por lo que el reto del próximo gobierno está en hacer más fácil el financiamiento. “Para que no sea un viacrucis de navegar entre diferentes fondos a fin de obtener los financiamientos”, argumentó.
De acuerdo con el texto “Anatomía de la movilidad en México”, de 2013 a 2017, el gasto público federal para proyectos de movilidad superó los 39 mil 248 millones de pesos, y sobre cuyo monto más de 10 mil 306 millones se erogaron en 2016, mientras que en 2017 la inversión pública fue mayor a 24 mil 633 millones de pesos.
Fuente: NTX

