Antonio Ortega Martínez, secretario e integrante de las comisiones de Hacienda y de Presupuesto en la Cámara de Diputados, afirmó que –de acuerdo a como quedó aprobada la “Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos”- ningún poder externo, así sea la Presidencia de la República, puede imponer sus criterios salariales a órganos autónomos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales (INAI); la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); y el Instituto Nacional  Electoral (INE), entre más de una decena de entes creados expresamente para generar equilibrios frente al Ejecutivo.

 

Señaló en cambio, la necesidad de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador explique bajo qué idea o estudio definió que debe ganar 108 mil pesos y nadie pueda percibir más; o si –en su caso- fue “ocurrencia” personal, de su esposa o de la Secretaría de Hacienda.

 

El legislador perredista propuso en todo caso, la instalación de un organismo público que defina (con base en las responsabilidades y capacidades de cada funcionario), los criterios bajo los cuales se deben definir los ingresos: “a partir de un estudio técnico que precise salarios por barrer la calle; o porque es enfermera, médico, o secretario de estado o Presidente de la República y, desde luego, mantener la independencia de los poderes y su autonomía”, señaló.

 

Tras recordar que, en su último período de cambio y transición, México se dotó de organismos que equilibraran al poder excesivo (y por ello, durante muchos años, fueron constituidos más de una decena de órganos autónomos), Ortega Martínez aseveró que son la mejor manera de establecer control y por eso hay tres soberanías que constituyen al poder supremo nacional.

 

“Creemos que es absolutamente correcto que el Ejecutivo pueda definir un catálogo de remuneraciones para los que dependen de él; pero –aclaró- no tiene facultades para ordenar ni definir las remuneraciones de poderes autónomos como la Suprema Corte, el INE, el IFAI, la CNDH, ni del Poder Legislativo”, mencionó.

 

Es cierto –añadió- que ha habido abusos y excesos en el tema de las percepciones de los funcionarios; pero que éso no signifique que, por un acto voluntarista y autoritario, se deben modificar invadiendo facultades de poderes autónomos.

 

Antonio Ortega expuso finalmente que es absolutamente válido el procedimiento de inconstitucionalidad –establecido por el ministro Alberto Pérez Dayán- contra la Minuta del Senado hasta que el Pleno de la Corte lo revise y determine si es legítimo o no.

 

Estamos seguros, añadió, de que los funcionarios de Hacienda deben estar ahorita corrigiendo la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 (que va a llegar el próximo sábado), y que el Ministro Pérez Dayán ha dejado abierta la posibilidad para que las dependencias públicas entreguen sus propuestas de remuneración ya sea con una baja o un alza a sus percepciones; pero lo que queda claro, es que en el tema de la Suprema Corte, del Poder Legislativo, y otros órganos autónomos, el Ejecutivo no puede atropellar ni imponer su visión ni sus criterios, concluyó.