Ethel Riquelme

Los procesos de transferencia de personal militar a la Guardia Nacional ya están en preparación con ajustes al plan original, que revelan una preocupación real por el fuerte impacto que tendrá para las fuerzas armadas integrar la nueva corporación, aprobada ya en la Cámara de Diputados.

Hasta el momento, dos ajustes planteados por el mando, reflejan la amplia inquietud e incertidumbre que existe en las filas y ubica la difícil realidad de personal y reclutamiento que enfrentan y que, con la Guardia Nacional podría agudizarse.

Se ha determinado una reducción de 10 mil elementos militares a la Guardia Nacional con respecto a los 40 mil elementos que inicialmente presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador apoyados por 50 mil jóvenes que serán convocados a mediados de marzo. La cifra se ha recortado a 30 mil elementos castrenses en concordancia a la difícil realidad de reclutamiento y temporalidad de personal que sufre el mundo militar.

En una década, las fuerzas armadas han venido perdiendo un 30 por ciento en su captación de ingresos y reclutamiento, adicionalmente sufren entre 4 y 6 mil bajas y deserciones de personal al año, lo que ha obligado a Sedena y Marina a crear candados de retención.

Se han instituido, por ejemplo, cursos de inducción y adiestramiento para el personal de nuevo ingreso a fin de darles un periodo de arrepentimiento y evitar cifras de bajas, y en el caso de escuelas militares y navales, se han multiplicado los años que. por contrato, deben mantener sus servicios a la institución tras haber egresado, para reducir las deserciones.

No obstante, las cifras son descendentes en los ingresos a todos los niveles, lo que sumado a bajas y deserciones y a la transferencia de personal a la Guardia Nacional, dejaría las filas castrenses debilitadas para las múltiples labores que han adoptado en esta administración.

Un segundo ajuste radica en los años de enrolamiento obligatorio a la Guardia Nacional para el personal militar. La propuesta del presidente, aprobada por las cámaras menciona un periodo de cinco años para la presencia militar en labores de seguridad pública, mismos que inicialmente consideraba la permanencia del personal asignado. Actualmente se plantean tres de manera obligatoria y posteriormente la opción a quedarse o regresar a sus filas.

Durante esos tres años, los militares que integren la Guardia Nacional contarán con todos sus derechos y obligaciones, particularmente los de seguridad y servicios sociales para proteger a sus familias y todos los que marca la Ley de ascensos y promociones. Se les reconocerá en ese periodo sus grados, prestaciones y antigüedad, pero no sus posiciones administrativas.

Una elemento importante es que, independientemente de los grados y antigüedad que tengan al interior de las dependencias militares, al momento de entrar a la Guardia Nacional, deberán iniciar de cero el escalafón de ascensos en esa corporación.

No obstante, en las filas no hay información. El espectro de la incertidumbre y la amenaza de deserción de soldados rasos y marinería es real ante una convocatoria que sigue circulando entre los agrupamientos y que no resuelve dudas.

Hasta ayer, militares consultados por esta columna, aseguraban que “la opción es que vayamos voluntariamente a la Guardia Nacional o que nos asignen de manera autoritaria por oficio y en cualquiera de los casos dicen que tendremos que darnos de baja”. Lo cual no es exacto.

Así, parece increíble que la operación política para aprobación de la Guardia Nacional que ha concentrado el esfuerzo de gabinete, legisladores, gobernadores y al propio presidente, desde antes de tomar posesión, no haya considerado en ningún momento al sector por el cual se realizaron los cambios Constitucionales y sobre los que pesará la efectividad del plan de seguridad lopezobradorista.