El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 403 votos el dictamen que reforma el Artículo 211 Bis 1 del Código Penal Federal, para incrementar las penas impuestas al delito de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática.

El dictamen enviado al Senado para sus efectos constitucionales impone de dos a cinco años de prisión y de 300 a 600 días multa a quien sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad.

Además con multa de seis meses a tres años de prisión y de 150 a 250 días multa se pretende castigar a quien conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad.

El dictamen señala que durante los últimos años en América Latina nueve de cada 10 bancos que operan en la región fueron sujetos de ataques cibernéticos.

La incidencia de este delito ha aumentado considerablemente, pues la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó que en 2018 hubo al menos cuatro millones de víctimas de fraude cibernético con una pérdida de entre ocho y 10 mil millones de pesos como consecuencia de la comisión de este delito.

Al fundamentar el dictamen el panista José Salvador Rosas Quintanilla resaltó que hoy las tecnologías y los avances en materia de información digital controlan datos esenciales de la vida, ya sea personal, empresarial y gubernamental.

Mencionó que en el mundo digitalizado día a día se observa que se han ampliado las posibilidades pero también los riesgos y el cibercrimen en México se ha propagado, “siendo el sector financiero el principal atacado y sus usuarios los afectados”.

Apuntó que sólo en 2017 nueve de cada 10 bancos que operan en América Latina estuvieron sujetos a ciberataques. En México las instituciones públicas, privadas y usuarios particulares sufrieron un total de 19 millones de ataques, lo que posiciona al país como el primer lugar en Latinoamérica y el sexto a nivel global.

Esos crímenes significaron una pérdida de aproximadamente siete mil millones de dólares durante 2017 para usuarios, instituciones y gobierno, “lo que se reflejó en el aumento del 71 por ciento de las incidencias en esta actividad delictiva y afectó cerca de 33 millones de personas”.

Fuente: NTX