Ethel Riquelme.

La nueva ley orgánica de la Guardia Nacional, producto de negociaciones políticas, de consultas públicas amañadas y de gran opacidad para ocultar su perfil militar, viola derechos de los integrantes de las fuerzas armadas, pero es particularmente preocupante porque transgrede el principio universal de igualdad ante la ley al fomentar la división de “guardianes” de primera, segunda y tercera.

Depende de la pertenencia o no a la milicia, su antigüedad o grado, el conocimiento o relación castrense y el riesgo de aventurarse o no mediante una licencia a las fuerzas armadas si son de primera o de segunda en las filas de la Guardia Nacional, pero si sólo son civiles apenas podrán aspirar a ser policías de tercera durante los 5 años que las fuerzas armadas tengan el control de una institución que los legisladores dicen es quesque civil.

En el articulado, aún confuso para civiles y militares interesados o no en formar parte de la Guardia Nacional, e incierto hasta para las propias dependencias involucradas: Secretaria de Seguridad Pública, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaria de Marina, se refieren las tres categorías de elementos.

La Guardia Nacional de primera, que, por cierto, ya estaría en operación, se trata de los miembros de la milicia permanente, de los integrantes de las policías militar y naval que, a la fecha, han sido asignados a labores de la Guardia Nacional en calidad de comisionados, dado que al momento de su instrucción de arma no existía la Guardia Nacional.

Ellos, como en todos los casos de militares que son asignados a misiones de tipo civil, cuentan con la vigencia y protección de todos sus derechos, antigüedades y grados militares y a su doble sueldo o sobresueldo por tratarse de una asignación adicional.

Los mexicanos de segunda en la Guardia Nacional, con menos consideraciones que los primeros pero también con una serie de incentivos creados por los legisladores, son los que formen parte de la primera generación “fundacional”.

Los denominados “pie de veteranía” son procedentes de la milicia permanente de la Policía Militar o Naval que permanezcan durante los 5 años que los militares estarán a cargo de la seguridad pública del país, según los artículos transitorios y que soliciten licencia a las fuerzas armadas. Un tema muy delicado que trataremos en otra colaboración.

Tendrían garantizados los derechos adquiridos y, para efectos de su retiro, la suma del tiempo de servicio en la nueva institucional policial, en función de su experiencia en las armas.

Y los de tercera son todos aquellos mexicanos que no pertenecen a la fuerza armada. Civiles que hayan causado baja de las filas castrenses, aquellos que hayan formado parte de la Policía Federal, (en proceso de desmantelamiento) no obstante cuenten con conocimientos policiales, instrucción de armas o marco legal, son considerados  como de tercera.La ley dispone que recibirán formación y adiestramiento necesarios, de acuerdo con planes y programas que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana habrá de formalizar para el cumplimiento de las funciones de la Guardia Nacional.Los legisladores mostraron mayor preocupación por la dinámica legislativa y el enaltecimiento de sus negociaciones políticas y aprobaciones consensuadas, que por la garantía de seguridad pública a la sociedad. Basta leer el documento para observar los elogios a los esfuerzos aplicados para alcanzar acuerdos en lugar de la imposición de mayorías. Sin embargo, el texto no otorga una prioridad a la garantía de seguridad para los ciudadanos, la certidumbre laboral para los miembros de las fuerzas armadas ni los derechos de formación para las instituciones policíacas que deberán sustituir en un lustro a las fuerzas armadas y cuyo objetivo es el verdadero espíritu de la Guardia Nacional.