Resumen ejecutivo
México es uno de los principales socios comerciales y de inversión de los Estados Unidos. El comercio bilateral creció 650 por ciento 1993-2018 y México es el segundo mayor mercado de exportación de los Estados Unidos y el tercer socio comercial más grande. Los Estados Unidos son la principal fuente de inversión extranjera directa (IED) de México con USD 12.3 mil millones (2018 flujos) o el 39 por ciento de todas las entradas a México.

La economía mexicana ha promediado 2.6 por ciento de crecimiento económico (PIB) 1994-2017. Desde la Crisis del Tequila de 1994, México se ha beneficiado de una gestión económica creíble que le ha permitido al país superar un período de bajos precios del petróleo y una significativa volatilidad global. El presupuesto fiscalmente prudente para 2019 apunta a un superávit primario del uno por ciento, y el nuevo gobierno ha mantenido la independencia del Banco Central (Banco de México). La inflación a fines de 2018 fue de 4.8 por ciento, una mejora de 6.6 por ciento a fines de 2017, pero aún por encima del objetivo de 3 por ciento del Banco de México debido a la depreciación del peso frente al dólar estadounidense y al alza en los precios minoristas del combustible causado por los esfuerzos del gobierno para estimular La competencia en ese sector.

Las perspectivas de ratificación del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA) para 2019 y un cambio histórico en el gobierno mexicano el 1 de diciembre de 2018 siguen siendo fuentes clave de incertidumbre en las inversiones. La nueva administración ha manifestado su compromiso con políticas fiscales y monetarias prudentes desde que asumió el cargo. Sin embargo, las políticas, programas y comunicaciones conflictivas de la nueva administración han contribuido a las incertidumbres actuales, especialmente relacionadas con las reformas del sector energético y la salud financiera de la petrolera estatal Pemex. La mayoría de las instituciones financieras, incluido el Banco de México, han revisado a la baja las expectativas de crecimiento del PIB de México para 2019 a 1.6 por ciento (consenso de Banxico). Las principales agencias de calificación crediticia han rebajado o puesto en una perspectiva negativa el soberano de México y algunas calificaciones institucionales.

La administración cumplió con sus promesas de campaña de cancelar el nuevo proyecto de aeropuerto, recortar los salarios de los empleados del gobierno, suspender todas las subastas de energía y debilitar las instituciones autónomas. La incertidumbre sobre el cumplimiento de los contratos, la inseguridad y la corrupción también siguen obstaculizando el crecimiento económico de México. Estos factores elevan significativamente el costo de hacer negocios en México.

  1. Apertura y restricciones a la inversión extranjera.
    Políticas hacia la inversión extranjera directa

México está abierto a la inversión extranjera directa (IED) en la gran mayoría de los sectores económicos y ha sido consistentemente uno de los mayores receptores de IED en los mercados emergentes. La estabilidad macroeconómica de México, el gran mercado interno, la creciente base de consumidores, el aumento de la mano de obra calificada, el clima de negocios acogedor y la proximidad a los Estados Unidos ayudan a atraer inversionistas extranjeros.

Históricamente, los Estados Unidos han sido una de las mayores fuentes de IED en México. Según la Secretaría de Economía de México, los flujos de IED a México desde los Estados Unidos totalizaron USD 12,3 mil millones en 2018, casi el 39 por ciento de todas las entradas a México (USD 31,6 mil millones). Los sectores de automoción, aeroespacial, telecomunicaciones, servicios financieros y electrónica suelen recibir grandes cantidades de IED. La mayoría de los flujos de inversión extranjera a los estados del norte cerca de la frontera con los Estados Unidos, donde se encuentran la mayoría de las maquiladoras (plantas de fabricación y ensamblaje orientadas a la exportación), o a la ciudad de México y la cercana región de «El Bajio» (por ejemplo, Guanajuato, Querétaro, etc.). En el pasado, los inversionistas extranjeros han pasado por alto los estados del sur de México, aunque eso puede cambiar si la nueva administración se concentra en atraer inversiones a la región.

La Ley de Inversión Extranjera de 1993, actualizada por última vez en marzo de 2017, regula la inversión extranjera en México. La ley es consistente con el capítulo de inversión extranjera del TLCAN. Ofrece un trato nacional, elimina los requisitos de desempeño para la mayoría de los proyectos de inversión extranjera y liberaliza los criterios para la aprobación automática de la inversión extranjera. La Ley de Inversión Extranjera proporciona detalles sobre qué sectores comerciales están abiertos a los inversores extranjeros y en qué medida. México también es parte en varios acuerdos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que cubren la inversión extranjera, en particular los Códigos de Liberalización de los Movimientos de Capital y el Instrumento de Trato Nacional.

La nueva administración dejó de financiar ProMexico, la agencia de promoción de inversiones del gobierno, y está integrando sus componentes en otros ministerios y oficinas. Se espera que PROMTEL, la agencia gubernamental encargada de fomentar la inversión en el sector de las telecomunicaciones, continúe las operaciones con un mandato más limitado. Su primer director y otros cuatro empleados de alto rango dejaron la agencia recientemente. En abril de 2019, el gobierno envió una sólida participación a la 11ª Cumbre de Diálogo de Directores Ejecutivos y Empresariales para la Inversión en México patrocinada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y su equivalente en México, CCE. Los funcionarios a nivel de gabinete transmitieron las prioridades de inversión y desarrollo económico del gobierno mexicano a docenas de directores ejecutivos y líderes empresariales.

Límites al control extranjero y derecho de propiedad privada y establecimiento

México reserva ciertos sectores, en todo o en parte, para el Estado, entre ellos: petróleo y otros hidrocarburos; control del sistema eléctrico nacional, materiales radiactivos, telegráficos y servicios postales; generación de energía nuclear; acuñación e impresión de dinero; y control, supervisión y vigilancia de puertos de entrada. Ciertos servicios profesionales y técnicos, bancos de desarrollo y el transporte terrestre de pasajeros, turistas y carga (sin incluir los servicios de mensajería y paquetería) están reservados en su totalidad a los mexicanos. Consulte la sección seis para conocer las restricciones sobre la propiedad extranjera de ciertos bienes raíces.

Las reformas en los sectores de energía, generación de energía, telecomunicaciones y ventas minoristas de combustible han liberalizado el acceso para los inversores extranjeros. Si bien las reformas no han llevado a la privatización de empresas estatales como Pemex o la Comisión Federal de Electricidad (CFE), han permitido la participación de empresas privadas.

Hidrocarburos: las empresas privadas participan en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos a través de contratos con el gobierno en cuatro categorías: contratos competitivos, empresas conjuntas, acuerdos de participación en los beneficios y contratos de licencia. Todos los contratos deben incluir una cláusula que indique que los hidrocarburos del subsuelo son propiedad del Estado. El gobierno ha realizado cuatro sesiones de licitación separadas que permiten a las empresas privadas presentar ofertas para la exploración y el desarrollo de los recursos de petróleo y gas en bloques en todo el país. En 2017, México subastó con éxito 70 bloques de aguas profundas, poco profundas y poco profundas con un interés significativo de las compañías petroleras internacionales. La administración de López Obrador decidió suspender todas las subastas futuras hasta 2022.

Telecomunicaciones: la ley mexicana establece que las actividades de telecomunicaciones y radiodifusión son servicios públicos y el gobierno en todo momento mantendrá la propiedad del espectro de radio.

Aviación: La Ley de Inversión Extranjera limitó la propiedad extranjera del transporte aéreo nacional al 25 por ciento hasta marzo de 2017, cuando el límite se incrementó al 49 por ciento.

Según las disposiciones vigentes del TLCAN, los inversionistas estadounidenses y canadienses reciben un trato nacional y de la nación más favorecida en el establecimiento de acciones.

2.- Acuerdos bilaterales de inversión y tratados tributarios.
Tratados bilaterales de inversión

El 30 de noviembre de 2018, los líderes de los Estados Unidos, México y Canadá firmaron un acuerdo comercial para reemplazar y modernizar el TLCAN, el Acuerdo entre los Estados Unidos, México y Canadá. El acuerdo está ahora pendiente de ratificación por las legislaturas de los tres países. El acuerdo contiene un capítulo de inversión.

México ha firmado 13 acuerdos de libre comercio que abarcan 50 países y 32 acuerdos de protección y protección recíproca de inversiones que abarcan 33 países. México es miembro del Acuerdo Amplio y Progresivo para la Asociación Transpacífico (CPTPP), que entró en vigencia el 30 de diciembre de 2018. Actualmente, México cuenta con 29 Tratados de Inversión Bilaterales vigentes. México y la Unión Europea firmaron un acuerdo de principio para revisar su TLC.

Tratados de tributación bilateral

El Convenio sobre el impuesto sobre la renta de los Estados Unidos y México, que entró en vigencia el 1 de enero de 1994, regula los impuestos bilaterales entre las dos naciones. México ha negociado acuerdos de doble tributación con 55 países. Las reducciones recientes en las tasas de impuestos corporativos de los EE. UU. Pueden generar un cambio futuro en el código fiscal mexicano, pero no se está considerando una legislación formal.

3.- Régimen legal
Consideraciones reglamentarias internacionales

En general, el gobierno mexicano ha establecido sistemas legales, regulatorios y contables que son transparentes y consistentes con las normas internacionales. Sin embargo, el gobierno de López Obrador ha cuestionado públicamente el valor de los reguladores específicos de antimonopolio y energía. Además, la corrupción sigue afectando la aplicación igualitaria de algunas regulaciones. El gobierno de López Obrador tiene un ambicioso plan para centralizar la contratación pública en un esfuerzo por erradicar la corrupción y generar eficiencias. La administración estima que puede ahorrar hasta USD 25 mil millones por año al consolidar las compras del gobierno en la Secretaría de Finanzas de México (Hacienda). Bajo el proceso descentralizado actual, más del 70 por ciento de los contratos del gobierno son de fuente única, las compras consolidadas interinstitucionales son infrecuentes y todo el proceso es susceptible a la corrupción. El presupuesto del gobierno mexicano se publica en línea y está fácilmente disponible. El Banco de México también publica y mantiene datos sobre las finanzas y las obligaciones de deuda del país.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), dentro de la Secretaría de Economía, es la agencia responsable de racionalizar las regulaciones federales y subnacionales y de reducir la carga regulatoria sobre las empresas. La ley mexicana requiere que las secretarías y agencias reguladoras realicen evaluaciones de impacto de las regulaciones propuestas. Las evaluaciones están disponibles para comentarios del público a través del sitio web de COFEMER: http://www.cofemer.gob.mx. El boletín oficial de leyes estatales y federales actualmente en vigor en México está disponible públicamente a través de: http://www.ordenjuridico.gob.mx/.

La agencia antimonopolio de México, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), desempeña un papel clave en la protección, promoción y garantía de un mercado libre competitivo en México. COFECE es responsable de eliminar las barreras tanto para la competencia como para la entrada al mercado libre en toda la economía (excepto para el sector de las telecomunicaciones, que se rige por su propia autoridad de competencia) y para identificar y regular el acceso a insumos de producción esenciales.

Además de COFECE, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) son agencias independientes con orientación técnica que desempeñan un papel importante en la regulación de los sectores de energía e hidrocarburos. CRE regula la generación, cobertura, distribución y comercialización de electricidad a nivel nacional, así como el transporte, distribución y almacenamiento de petróleo, gas y biocombustibles. CNH supervisa y regula la exploración y producción de petróleo y gas, y emite concesiones de exploración y producción de petróleo y gas.

Los inversores están cada vez más preocupados de que la administración esté socavando la confianza en las «reglas del juego», particularmente en el sector energético, al debilitar la autonomía política de COFECE, CNH y CRE. La administración nombró a cuatro de los siete comisionados de la CRE sobre las objeciones del Senado, que votaron dos veces para rechazar a los nominados, en parte debido a la preocupación de que sus nombramientos erosionarían la autonomía política de la CRE. Los recortes presupuestarios de la administración dieron como resultado importantes despidos, lo que supuestamente ha obstaculizado la capacidad de las agencias para llevar a cabo su trabajo, un factor clave en las decisiones de inversión.

La Secretaría de Administración Pública ha logrado avances considerables en la mejora de la transparencia en el gobierno, incluida la contratación pública y la participación del sector privado en la mejora de la transparencia y la lucha contra la corrupción. El gobierno mexicano ha establecido cuatro sitios de Internet para aumentar la transparencia de los procesos gubernamentales y establecer pautas para la conducta de los funcionarios gubernamentales: (1) Normateca (http://normatecainterna.sep.gob.mx) proporciona información sobre las regulaciones gubernamentales; (2) Compranet (https://compranet.funcionpublica.gob.mx) muestra las acciones de compras del gobierno federal en línea; (3) Tramitanet (www.tramitanetmexico.com) permite el procesamiento electrónico de transacciones dentro de la burocracia; y (4) Declaranet (https://declaranet.gob.mx/) permite a los empleados federales presentar el impuesto a las ganancias en línea.

Sistema Jurídico e Independencia Judicial.

Desde la conquista española en la década de 1500, México ha adoptado un sistema de inquisición desde Europa en el que los procedimientos se llevaron a cabo en gran medida por escrito y se cerraron a la vista del público. México modificó su Constitución en 2008 para facilitar el cambio a un sistema de justicia penal acusatorio oral para combatir mejor la corrupción, fomentar la transparencia y la eficiencia, al tiempo que garantiza el respeto de los derechos fundamentales tanto de la víctima como del acusado. Un Código Nacional de Procedimientos Penales posterior aprobado en 2014, y es aplicable a los 32 estados. El código procesal nacional se combina con el código penal de cada estado para proporcionar el marco legal para el nuevo sistema acusatorio, que permite juicios orales y públicos con el derecho del acusado de enfrentar a su acusador y cuestionar las pruebas presentadas.

4.- Políticas industriales.
Incentivos de inversión

Las subvenciones o descuentos de tierras, las deducciones de impuestos, y la tecnología, la innovación y los fondos para el desarrollo de la fuerza laboral son incentivos de uso común. Los incentivos federales adicionales para el comercio exterior incluyen: (1) IMMEX: una promoción que permite a las empresas del sector manufacturero importar temporalmente insumos sin pagar el impuesto general de importación y el impuesto al valor agregado; (2) Descuentos de impuestos a la importación de bienes incorporados a productos destinados a la exportación; y (3) Programas de promoción sectorial que permiten aranceles preferenciales ad valorem sobre las importaciones de insumos seleccionados. Las industrias que normalmente reciben beneficios de promoción sectorial son el calzado, la minería, los productos químicos, el acero, los textiles, las prendas de vestir y la electrónica.

Zonas de comercio exterior / Puertos libres / Facilitación del comercio

La nueva administración lanzó un programa de dos años en enero de 2019 que estableció una zona económica fronteriza (BEZ) en 43 municipios en seis estados fronterizos del norte dentro de las 15.5 millas de la frontera de los Estados Unidos. El programa BEZ implica: 1) un decreto de estímulo fiscal que reduce el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16 por ciento al 8 por ciento y el Impuesto a la Renta (ISR) del 30 por ciento al 20 por ciento, 2) un aumento de salario mínimo de MXN 176.72 (USD) 8.75) por día, y 3) la armonización gradual de las tarifas de gasolina, diesel, gas natural y electricidad con los estados vecinos de los Estados Unidos. El propósito del programa BEZ es impulsar la inversión, promover la productividad y crear más empleos en la región. Las empresas o personas interesadas deben presentar su solicitud al «Registro de Beneficiarios» del gobierno antes del 31 de marzo, lo que demuestra que los ingresos de las actividades comerciales en la frontera representan al menos el 90 por ciento de los ingresos totales. La sede de la empresa o la sucursal debe estar ubicada en la región fronteriza durante al menos 18 meses antes de la solicitud. Los sectores excluidos de la tasa de ISR preferencial son las instituciones financieras, el sector agrícola y las empresas manufactureras de exportación (maquilas).

Por otra parte, la administración anunció planes para revisar y posiblemente terminar el programa de Zonas Económicas Especiales (ZEE) en todo el país.

Requisitos de rendimiento y localización de datos

La legislación laboral mexicana exige que al menos el 90 por ciento de los empleados de una empresa sean ciudadanos mexicanos. Los empleadores pueden contratar trabajadores extranjeros en puestos especializados siempre que los extranjeros no excedan el 10 por ciento de todos los trabajadores en esa categoría especializada. México no sigue una política de «localización forzada»: los inversores extranjeros no están obligados por ley a usar contenido nacional en bienes o tecnología. Sin embargo, los inversionistas que pretendan producir bienes en México para exportarlos a los Estados Unidos deben tomar nota de las normas de prescripción de origen contenidas en el TLCAN si desean beneficiarse del tratamiento del TLCAN.

México no tiene una política de localización forzada para el almacenamiento de datos, ni los proveedores extranjeros de tecnología de la información (TI) deben entregar el código fuente o proporcionar puertas traseras en hardware o software. Dentro de las restricciones de la Ley Federal sobre la Protección de Datos Personales, México no impide que las empresas transmitan libremente datos de clientes u otros datos relacionados con negocios fuera del país.

5.-Protección de los derechos de propiedad.
Propiedad real

México se ubicó en el puesto 103 de 190 países por su facilidad para registrar propiedades en el informe Doing Business del Banco Mundial 2019, que se ubicó cuatro lugares en su informe de 2018. El artículo 27 de la Constitución mexicana garantiza el derecho inviolable a la propiedad privada. La expropiación solo puede ocurrir para uso público y con la debida compensación. México tiene cuatro categorías de tenencia de la tierra: propiedad privada, tenencia comunal (ejido), propiedad pública, y no elegible para venta o transferencia.

México prohíbe a los extranjeros adquirir títulos de propiedad de bienes raíces residenciales en las llamadas «zonas restringidas» dentro de los 50 kilómetros (aproximadamente 30 millas) de la costa de la nación y 100 kilómetros (aproximadamente 60 millas) de las fronteras. Las «zonas restringidas» cubren aproximadamente el 40 por ciento del territorio de México. Los extranjeros pueden adquirir el uso efectivo de la propiedad residencial en «zonas restringidas» mediante el establecimiento de un fideicomiso extensible (fideicomiso) dispuesto a través de una institución financiera mexicana. Bajo este fideicomiso, el inversionista extranjero obtiene todos los derechos de uso de la propiedad, incluido el derecho a desarrollar, vender y transferir la propiedad. Los inversores inmobiliarios deben tener cuidado al realizar la diligencia debida para garantizar que no haya otros reclamantes de la propiedad que se está comprando. En algunos casos, los acuerdos de fideicomiso han conducido a desafíos legales. El seguro de títulos emitido por los EE. UU. Está disponible en México y las aseguradoras de títulos de los EE. UU. Operan aquí.

Además, las instituciones crediticias de los Estados Unidos han comenzado a emitir hipotecas a los ciudadanos de los Estados Unidos que compran bienes raíces en México. El Registro Público de Negocios y Propiedad (Registro Público de la Propiedad y de Comercio) mantiene información pública disponible en línea con respecto a la propiedad de tierras, gravámenes, hipotecas, restricciones, etc.

Inquilinos y ocupantes ilegales están protegidos por la ley mexicana. Se recomienda a los dueños de propiedades que tengan problemas con los inquilinos o ocupantes ilegales que busquen asesoría legal profesional, ya que el proceso legal de desalojo es complejo.

México tiene un mercado de titulización financiera incipiente pero en crecimiento para inversiones en bienes raíces e infraestructura, al que los inversionistas pueden acceder mediante la compra / venta de Fideocomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRA) y Certificados de Desarrollo de Capital (CKD) que cotizan en la bolsa de valores BMV de México.

Derechos de propiedad intelectual

Los derechos de propiedad intelectual en México están cubiertos por la Ley de Propiedad Industrial (Ley de Propiedad Industrial) y la Ley Federal de Derecho de Autor (Ley Federal de Derecho de Autor). La responsabilidad de la protección de los derechos de propiedad intelectual se extiende a varias autoridades gubernamentales. La Oficina del Procurador General (PGR) supervisa una unidad especializada que procesa delitos de derechos de propiedad intelectual. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el equivalente a la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU., Administra los registros de patentes y marcas, y maneja los casos de cumplimiento administrativo de la infracción de derechos de propiedad intelectual. El Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR) maneja los registros de derechos de autor y media ciertos tipos de disputas de derechos de autor, mientras que la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) regula los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y alimentos procesados. El mandato del Servicio de Aduanas de México incluye garantizar que los bienes ilegales no crucen las fronteras de México.

El proceso para el registro de marcas en México normalmente toma de seis a ocho meses. El proceso de registro comienza con la presentación de una solicitud ante el IMPI, que se publica en el Boletín Oficial. IMPI primero realiza un examen de formalidades, seguido de un examen de fondo para determinar si la solicitud y la documentación de respaldo cumplen con los requisitos establecidos por la ley y el reglamento para otorgar el registro de la marca. Una vez hecha la determinación, el IMPI publica el registro en el Boletín Oficial. El registro de una marca en México es válido por 10 años a partir de la fecha de presentación y es renovable por períodos de 10 años. Cualquiera de las partes puede impugnar el registro de una marca comercial a través del nuevo sistema de oposición o la concesión posterior a través de un procedimiento de cancelación. IMPI emplea los siguientes procedimientos administrativos: nulidad, caducidad, oposición, cancelación, marca registrada, patente y infracción de derechos de autor (basada en el comercio). Una vez que el IMPI emite una decisión, la parte afectada puede impugnarla mediante un proceso interno de reconsideración o ir directamente al Tribunal Especializado de PI para un juicio de nulidad. Una parte agraviada puede presentar una apelación ante un Tribunal Federal de Apelaciones basándose en la decisión del Tribunal Especializado de Propiedad Intelectual. En los casos con una impugnación constitucional identificable, el demandante puede presentar una apelación ante la Corte Suprema de Justicia.

La USPTO tiene un acuerdo de Patente de Procesamiento de Autopistas (PPH) con IMPI. Según el PPH, un solicitante que recibe una resolución de IMPI o de la USPTO de que al menos una reclamación en una solicitud es patentable puede solicitar que la otra oficina agilice el examen de la solicitud correspondiente. El PPH aprovecha f

6.-Sector financiero
Mercado de capitales e inversiones de cartera

El gobierno mexicano está generalmente abierto a inversiones de cartera extranjeras, y los inversores extranjeros negocian activamente en varias clases de activos públicos y privados. Las entidades extranjeras pueden invertir libremente en valores del gobierno federal. La Ley de Inversión Extranjera establece que los inversionistas extranjeros pueden poseer el 100 por ciento del capital social de cualquier corporación o sociedad mexicana, excepto en aquellas pocas áreas que están expresamente sujetas a limitaciones conforme a esa ley. Los inversores extranjeros también pueden comprar acciones sin derecho de voto a través de fondos mutuos, fideicomisos, fondos extraterritoriales y Certificados de Depósito Americanos. También tienen el derecho de comprar acciones directamente limitadas o sin derecho de voto, así como acciones de suscripción gratuita, o acciones «B», que tienen derecho a voto. Los extranjeros pueden comprar una participación en acciones «A», que normalmente están reservadas para los ciudadanos mexicanos, a través de un fondo neutral operado por uno de los seis bancos de desarrollo de México. Finalmente, México ofrece bonos de gobiernos federales, estatales y locales que están calificados por agencias de calificación crediticia internacionales. El mercado de estos valores se ha expandido rápidamente en los últimos años y los inversionistas extranjeros tienen una participación significativa en el total de emisiones federales. Sin embargo, los extranjeros tienen una capacidad limitada para comprar deuda estatal y municipal sub-soberana. La liquidez entre las clases de activos es relativamente profunda.

México estableció una estructura de fideicomiso fiscalmente transparente conocida como FICAP en 2006 para permitir que los fondos de capital de riesgo y de capital privado se incorporen localmente. La Ley del Mercado de Valores (Ley de Mercado de Valores) estableció la creación de tres vehículos especiales de inversión que pueden proporcionar más derechos corporativos y económicos a los accionistas que una corporación normal. Estas categorías son: (1) Corporación de Promoción de Inversiones (Sociedad Anónima de Promotora de Inversión o SAPI); (2) Corporación de Promoción de Inversiones de la Bolsa de Valores (Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursatil o SAPIB); y (3) Corporación de Bolsa de Valores (Sociedad Anonima Bursatil o SAB). México también tiene un mercado de fideicomisos de inversión en bienes raíces en crecimiento, conocido localmente como Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRAS), así como FIBRAS-E, que permite la inversión en proyectos de inversión no inmobiliaria. Las FIBRAS están reguladas en los artículos 187 y 188 de la Ley del Impuesto Federal sobre la Renta de México.

Sistema monetario y bancario.

Las reformas del sector financiero que se convirtieron en ley en 2014 han mejorado la regulación y supervisión de los intermediarios financieros y han fomentado una mayor competencia entre los proveedores de servicios financieros. Si bien el acceso a los servicios financieros, especialmente el crédito personal para los trabajadores del sector formal, se ha expandido en los últimos cuatro años, la penetración de los bancos y el crédito en México sigue siendo baja en comparación con la OCDE y sus pares de mercados emergentes. Junto con los fundamentos macroeconómicos sólidos, las reformas han creado un entorno positivo para el sector financiero y los mercados de capital. Según la Comisión Nacional Bancaria (CNBV), el sistema bancario permanece saludable y bien capitalizado. Los préstamos improductivos han caído un sesenta por ciento desde 2001 y ahora representan el 2.1 por ciento de todos los préstamos.

El sector bancario de México está muy concentrado y es mayoritariamente de propiedad extranjera: los siete bancos más grandes controlan el 85 por ciento de los activos del sistema y las instituciones de propiedad extranjera controlan el 70 por ciento de los activos totales. Bajo la garantía nacional de trato del TLCAN, las firmas de valores de los Estados Unidos y los fondos de inversión, actuando a través de subsidiarias locales, tienen el derecho de participar en toda la gama de actividades permitidas en México.

Banco de México (Banxico), el banco central de México, mantiene su independencia en las operaciones y la gestión por mandato constitucional. Su función principal es proporcionar moneda nacional a la economía mexicana y salvaguardar el poder adquisitivo del peso mexicano orientando la política monetaria hacia el cumplimiento de una meta de inflación del 3 por ciento en el mediano plazo.

La ley de Tecnología Financiera de México (FinTech) entró en vigencia en marzo de 2018, creando una amplia rúbrica para el desarrollo y regulación de tecnologías financieras innovadoras. Si bien los inversionistas esperan importantes regulaciones secundarias que definirán completamente las reglas del juego para las firmas de FinTech, la ley cubre tanto las criptomonedas como una «caja de arena» reguladora para que las empresas emergentes prueben la viabilidad de los productos, colocando a México entre las vanguardias políticas de FinTech.

Cambio de divisas y remesas

Divisas

El gobierno de México mantiene un tipo de cambio flotante.

México mantiene políticas abiertas de conversión y transferencia. En general, las transacciones de capital e inversión, remesas de ganancias, dividendos, regalías, cargos por servicios técnicos y gastos de viaje se manejan a las tasas de cambio determinadas por el mercado. El cambio de peso mexicano (MXN) / USD está disponible el mismo día, en bases de liquidación de 24 y 48 horas. Para evitar transacciones de lavado de dinero, México impone límites a los depósitos en efectivo en dólares estadounidenses. Las empresas de la zona fronteriza y turística pueden depositar más de USD 14,000

Empresas de propiedad estatal
Hay dos empresas estatales principales en México, ambas en el sector energético. Petróleos Mexicanos (Pemex) está a cargo del funcionamiento del sector de hidrocarburos (petróleo y gas), que incluye operaciones upstream, mid-stream y downstream. Pemex históricamente contribuyó con un tercio del presupuesto del gobierno mexicano, pero la caída de la producción y los precios globales del petróleo, junto con una mejor recaudación de ingresos de otras fuentes, han disminuido esta cantidad en la última década a aproximadamente el ocho por ciento. La Comisión Federal de Electricidad (CFE, por sus siglas en inglés) es la otra empresa estatal principal y está a cargo del sector eléctrico. Si bien el gobierno mexicano mantiene la propiedad estatal, las últimas reformas constitucionales otorgaron a Pemex y CFE la autonomía y el presupuesto, así como una mayor flexibilidad para participar en la contratación privada.

7.-Empresas de propiedad estatal


Hay dos empresas estatales principales en México, ambas en el sector energético. Petróleos Mexicanos (Pemex) está a cargo del funcionamiento del sector de hidrocarburos (petróleo y gas), que incluye operaciones upstream, mid-stream y downstream. Pemex históricamente contribuyó con un tercio del presupuesto del gobierno mexicano, pero la caída de la producción y los precios globales del petróleo, junto con una mejor recaudación de ingresos de otras fuentes, han disminuido esta cantidad en la última década a aproximadamente el ocho por ciento. La Comisión Federal de Electricidad (CFE, por sus siglas en inglés) es la otra empresa estatal principal y está a cargo del sector eléctrico. Si bien el gobierno mexicano mantiene la propiedad estatal, las últimas reformas constitucionales otorgaron a Pemex y CFE la autonomía y el presupuesto, así como una mayor flexibilidad para participar en la contratación privada.

Pemex

Como resultado de la histórica reforma energética de México, el sector privado ahora puede competir con Pemex o celebrar contratos competitivos, empresas conjuntas, acuerdos de participación en las ganancias y contratos de licencia con Pemex para la exploración y extracción de hidrocarburos. La liberalización del mercado de ventas minoristas de combustible, que México completó en 2017, creó oportunidades significativas para las empresas extranjeras. Dado que Pemex a menudo genera deuda en los mercados internacionales, sus estados financieros son auditados regularmente. El Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales considera que Pemex es la segunda compañía petrolera estatal más transparente después de Statoil en Noruega. El Directorio de nueve personas de Pemex está compuesto por cinco ministros del gobierno y cuatro consejeros independientes. La administración ha identificado el aumento de la producción de petróleo, gas natural y combustibles refinados de Pemex como su principal prioridad para el sector de hidrocarburos de México.

CFE

Los cambios a la constitución mexicana en 2013 y 2014 abrieron la generación de energía y el suministro comercial al sector privado, permitiendo a las empresas competir con CFE. México ha realizado tres subastas de energía a largo plazo desde las reformas, en las que se adjudicaron más de 40 contratos por 7,451 megavatios de suministro de energía y certificados de energía limpia. CFE seguirá siendo el único proveedor de servicios de distribución y será propietario de todos los activos de distribución. La reforma energética de 2014 separó a CFE del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), que ahora controla el mercado nacional mayorista de electricidad y garantiza el acceso no discriminatorio a la red para los competidores. Los generadores de energía independientes fueron autorizados para operar en 1992, pero se les exigió que vendieran su producción a CFE o que la usaran para autoabastecerse. Según la reforma, los generadores de energía privados ahora pueden instalar y administrar las interconexiones con la infraestructura de distribución estatal existente de CFE. La reforma también requiere que el gobierno implemente un Programa Nacional para el Uso Sostenible de la Energía como una estrategia de transición para alentar la tecnología limpia y fomentar el desarrollo y reducir las emisiones contaminantes. La administración ha identificado el aumento de la generación de energía propiedad de CFE como su principal prioridad para la empresa de servicios públicos, dejando de lado la práctica reciente de la firma de contratar firmas privadas para construir, poseer y operar instalaciones de generación. Ha pedido públicamente que los inversionistas privados «renegocien voluntariamente» los contratos de suministro de gas con CFE, lo que ha generado una gran preocupación entre los inversionistas sobre la santidad del contrato.

La principal ventaja no basada en el mercado que reciben CFE y Pemex frente a las empresas privadas en México está relacionada con el acceso al capital. Además de recibir apoyo presupuestario directo de la Secretaría de Finanzas, ambas entidades también reciben garantías de crédito implícitas del gobierno federal. Como tales, ambos pueden pedir préstamos en mercados públicos a una tasa inferior a la tasa de mercado que sus perfiles de riesgo corporativos normalmente sugerirían.

Programa de privatizacion

Las reformas energéticas de México en 2014 liberalizaron el acceso a estos sectores, pero no privatizaron las empresas estatales.

8.-Conducta Empresarial Responsable


Los sectores público y privado de México han trabajado para promover y desarrollar la responsabilidad social corporativa (RSC) durante la última década. La RSE en México comenzó como un esfuerzo filantrópico. Ha evolucionado gradualmente hacia un enfoque más holístico, tratando de igualar estándares internacionales como las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Los informes de conducta empresarial responsable han progresado en los últimos años con más compañías desarrollando una estrategia de responsabilidad corporativa. El gobierno también hizo un esfuerzo para implementar la RSE en empresas estatales como Pemex, que ha publicado informes de responsabilidad corporativa desde 1999. Reconociendo la importancia de los temas de RSE, la Bolsa Mexicana de Valores lanzó un índice de empresas sostenibles. lo que permite a los inversionistas invertir específicamente en aquellas compañías que cumplen con los criterios aceptados internacionalmente para un buen gobierno corporativo.

En octubre de 2017, México se convirtió en el miembro número 53 de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), lo que representa un hito importante en su esfuerzo por establecer la transparencia y la confianza pública en su sector energético.

9.-la corrupción


La corrupción existe de muchas formas en el gobierno y en la sociedad mexicana, incluida la corrupción en el sector público (por ejemplo, la demanda de sobornos o sobornos por parte de funcionarios del gobierno) y el sector privado (por ejemplo, fraude, falsificación de reclamos, etc.), así como conflictos de intereses. Cuestiones, que no están bien definidas en el marco legal mexicano. Un pilar clave de la campaña presidencial del presidente López Obrador fue la lucha contra la corrupción en todos los niveles de gobierno.

Sin embargo, una preocupación importante es la complicidad del gobierno y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con elementos criminales. Si bien la corrupción en los sectores público y privado se encuentra en muchos países, la colaboración de actores gubernamentales (a menudo debido a la intimidación y amenazas) con organizaciones criminales plantea serios desafíos para el estado de derecho en México. Algunos de los informes más comunes de corrupción oficial involucran a funcionarios del gobierno que roban de las arcas públicas o exigen sobornos a cambio de otorgar contratos públicos. La administración actual apoyó las reformas anticorrupción (detalladas a continuación) y los procedimientos judiciales en varios casos de corrupción de alto perfil, incluidos los ex gobernadores. Sin embargo, la sociedad civil mexicana afirma que el gobierno debe tomar medidas más efectivas y frecuentes para abordar la corrupción.

Como se describe en la Sección 4, México adoptó una reforma constitucional en 2014 para transformar la actual Oficina del Fiscal General en una oficina del Fiscal General Independiente para apuntalar su independencia. La elección del presidente López Obrador para fiscal general fue confirmada por el Senado mexicano el 18 de enero de 2019. En 2015, México aprobó una reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) con un fiscal anticorrupción y un comité de participación ciudadana para supervisar esfuerzos El sistema está diseñado para proporcionar un marco integral para la prevención, investigación y enjuiciamiento de casos de corrupción, incluidos los actos de corrupción que se consideran actos delictivos según la ley. El marco legal establece una base para responsabilizar legalmente a actores privados y empresas privadas por actos de corrupción que involucran a funcionarios públicos y alienta a las empresas privadas a desarrollar códigos de conducta internos. La implementación de la legislación estatal obligatoria contra la corrupción varía. .

Las nuevas leyes obligan a un rediseño de la Secretaría de Administración Pública para otorgarle funciones adicionales de auditoría e investigación y capacidades para combatir la corrupción en el sector público. El Congreso mexicano aprobó una legislación para cambiar las instituciones económicas, asignando nuevas responsabilidades y, en algunos casos, creando nuevas entidades. Las reformas a la estructura del gobierno federal incluyeron la creación de una Coordinación General de Programas de Desarrollo para administrar a los coordinadores estatales federales («superdelegados») a cargo de los programas federales en cada estado. La ley también creó la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y amplió significativamente el poder de la Oficina de Asesoría Jurídica del Presidente (Consejería Jurídica) para nombrar y eliminar al asesor legal de cada agencia federal y eliminar todas las reformas legales del poder ejecutivo antes de su presentación al Congreso. La ley eliminó las unidades financieras de los ministerios, con la excepción de la Secretaría de Finanzas (SHCP), el ejército (SEDENA) y la marina (SEMAR), y transfirió el control de las oficinas contratantes en otros ministerios a la SHCP. Por separado, la ley reemplazó a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) anterior con una Secretaría de Bienestar a cargo de coordinar las políticas sociales, incluidas las desarrolladas por otros organismos como la salud, la educación y la cultura. La Secretaría del Trabajo obtuvo herramientas adicionales para fomentar la negociación colectiva, la democracia sindical y para cumplir con las obligaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Cuatro partidos de la oposición presentaron una impugnación legal ante el Tribunal Supremo, que acordó el 18 de enero para conocer las impugnaciones constitucionales a la ley. El desafío legal sostiene que las reformas infringen los poderes del estado y violan el equilibrio de poderes estipulado en la constitución.

México ratificó la Convención de la OCDE para Combatir el Soborno y aprobó su legislación de implementación en mayo de 1999. La legislación incluye disposiciones que lo convierten en un delito penal para sobornar a funcionarios extranjeros. México también es parte en la Convención contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y ha firmado y ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El gobierno ha promulgado o propuesto leyes estrictas contra la corrupción y el soborno, con penas promedio de cinco a 10 años de prisión.

México es miembro de la Open Government Partnership y promulgó una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 2015, que revisó el marco legal existente para ampliar el acceso nacional a la información. La transparencia en la administración pública a nivel federal ha mejorado notablemente, pero el acceso a la información a nivel estatal y local.

El nivel ha sido lento. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2018 de Transparencia Internacional, México se ubicó en 138 de las 180 naciones, y ha caído cada año desde 2012. Las organizaciones de la sociedad civil centradas en la lucha contra la corrupción son cada vez más influyentes a nivel federal, pero son pocas y menos poderosas en el estado y niveles locales.

El Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (WEF) para 2016-2017 encontró que la corrupción es “el factor más problemático para hacer negocios” en México. Por ejemplo, el WEF señala sobornos para facilitar la obtención de los permisos necesarios o los contratos gubernamentales pueden aumentar los costos de negocios en un 10 por ciento. Los representantes comerciales, incluidas las empresas estadounidenses, creen que los fondos públicos a menudo se desvían a empresas privadas e individuos debido a la corrupción y perciben que el favoritismo está generalizado entre los funcionarios de contratación pública. El Portal de Lucha contra la Corrupción Empresarial de GAN establece que el cumplimiento de las regulaciones de adquisiciones por parte de los organismos estatales en México no es confiable y que la corrupción es extensa, a pesar de las leyes que cubren conflictos de intereses, licitaciones competitivas y procedimientos de inclusión de listas negras de la compañía.

La Embajada de los Estados Unidos se ha comprometido en un esfuerzo de base amplia para trabajar con las agencias mexicanas y las organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de mecanismos para combatir la corrupción y aumentar la transparencia y el juego limpio en la contratación pública. Los esfuerzos con un impacto comercial específico incluyen la capacitación en mejores prácticas de contratación pública y la asistencia técnica en el marco de la Iniciativa de Adquisiciones Globales de la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos. Además, USAID está trabajando con SFP y Transparency International para impulsar la adopción del Estándar de Datos de Contratación Abierto (OCDS, por sus siglas en inglés) aceptado internacionalmente, así como la asistencia técnica para mejorar el sistema de compras del gobierno mexicano, CompraNet, que se basará en OCDS y las mejores prácticas internacionales. . (CompraNet también se describe en la sección de transparencia reglamentaria de la Sección 3, más arriba).

Convención Anticorrupción de las Naciones Unidas, Convención de la OCDE para Combatir el Soborno

México ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción en 2004. Ratificó la Convención contra el soborno de la OCDE en 1999.

Recursos para reportar la corrupción

Contacto en la agencia gubernamental:

Secretaría de Administración Pública
Miguel laurent 235, ciudad de mexico
52-55-2000-1060

Póngase en contacto con la organización «watchdog»:

Transparencia Mexicana
Dulce Olivia 73, Ciudad de México
52-55-5659-4714
Correo electrónico: info@tm.org.mx


10.- Ambiente político y de seguridad.


Las manifestaciones masivas son comunes en las áreas metropolitanas más grandes y en los estados del sur de México, Guerrero y Oaxaca. Si bien la violencia política es rara, la violencia relacionada con las drogas y el crimen organizado ha aumentado significativamente en los últimos años.

La Iniciativa Mérida de USD 2,7 mil millones, lanzada por los Presidentes Calderón y Bush en 2008 y apoyada por líderes bipartidistas en el Congreso, sigue siendo nuestro principal mecanismo para ayudar a México a enfrentar importantes desafíos de seguridad a nivel institucional. Los programas de la Iniciativa Mérida apuntan a fortalecer las instituciones judiciales y de seguridad de México mediante la aplicación de estándares internacionales de certificación y acreditación al personal e instituciones en todo el sistema de justicia penal, desde la acreditación de las academias de policía y los centros penitenciarios hasta la capacitación avanzada para jueces, fiscales, analistas penales y Técnicos forenses de laboratorio. Además, los programas de la Iniciativa Mérida se han expandido durante el último año en las áreas de seguridad fronteriza y antinarcóticos, en línea con las nuevas prioridades establecidas por la administración Trump.

Las compañías han informado que las preocupaciones de seguridad general siguen siendo un problema para las compañías que buscan invertir en el país. La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en México estima en un informe semestral que la seguridad cuesta a las empresas tanto como el 5 por ciento de los presupuestos operativos. Muchas empresas optan por tomar precauciones adicionales para la protección de sus ejecutivos. También reportan un aumento en los costos de seguridad para los envíos de bienes El Consejo Asesor de Seguridad en el Extranjero (OSAC) supervisa e informa sobre la seguridad regional para las empresas estadounidenses que operan en el extranjero. El distrito electoral de OSAC está disponible para cualquier organización sin fines de lucro de propiedad de los EE. UU., O cualquier empresa constituida en los Estados Unidos (empresa matriz, no subsidiarias o divisiones) que realice negocios en el extranjero (https://www.osac.gov/).

El Departamento de Estado mantiene una recomendación de viajes para los ciudadanos de EE. UU. Que viajan y viven en México, disponible en https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/traveladvisories/mexico-travel-advisory.html

11.- Políticas y prácticas laborales.


La tasa de informalidad de 57.4 por ciento de México sigue siendo más alta que en países con niveles per cápita de PIB similares. La alta informalidad, definida como aquellas que trabajan en empresas no registradas o sin protección de la seguridad social, distorsiona la dinámica del mercado laboral, contribuye a la depresión salarial persistente, arrastra la productividad general y frena el crecimiento económico. Los esfuerzos de México por aumentar la formalidad en los últimos cuatro años redujeron la tasa en 2.4 puntos porcentuales, una disminución modesta dado el alcance del problema. En la economía formal, hay un excedente general de mano de obra, pero una escasez de trabajadores e ingenieros técnicamente calificados. Las empresas manufactureras, particularmente a lo largo de la frontera de EE. UU. Y México y en los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y Querétaro, informan sobre la escasez de mano de obra y la incapacidad de retener al personal.

El sistema de relaciones laborales de México ha sido ampliamente criticado por su sesgo para representar los intereses de los empleadores y el gobierno a expensas de los trabajadores. El marco legal de México que rige la negociación colectiva creó la posibilidad de negociación y registro de los acuerdos iniciales de negociación colectiva sin el apoyo o conocimiento de los trabajadores cubiertos. Estos acuerdos se conocen comúnmente como contratos de protección y constituyen un vacío en la práctica con las normas internacionales del trabajo con respecto a la libertad de asociación. El porcentaje de la economía cubierta por los acuerdos de negociación colectiva está entre el cinco y el 10 por ciento.

El primer elemento de un paquete de reforma de la justicia laboral se convirtió en ley el 24 de febrero de 2017, que reemplaza a las entidades de resolución de disputas tripartitas (Juntas de Conciliación y Arbitraje) con órganos judiciales independientes. En cuanto a los mecanismos de resolución de conflictos laborales, las Juntas de Conciliación y Arbitraje (CAB) adjudicaron previamente todos los conflictos laborales individuales y colectivos. La reforma laboral constitucional requiere revisiones complementarias a la legislación laboral vigente. La cámara baja del Congreso de México aprobó un proyecto de ley con las revisiones necesarias en abril de 2019. Se espera una aprobación completa del Congreso una vez que el Senado también haya considerado el proyecto de ley.

Los expertos laborales predicen que la aprobación y la implementación de la legislación de reforma laboral, tal como lo exige el Acuerdo entre los Estados Unidos, México y Canadá (USMCA), probablemente generarán un mayor nivel de acción laboral, así como una competencia entre sindicatos y entre sindicatos. La asociación de empleadores y los representantes laborales organizados están de acuerdo, pero difieren en cuánto y con qué rapidez se propagarán las acciones laborales. El ambiente político y legal cada vez más amigable para los sindicatos independientes ya está cambiando la forma en que los sindicatos establecidos gestionan las disputas con los empleadores, lo que genera una negociación colectiva más auténtica. A medida que los sindicatos independientes compiten con los sindicatos corporatistas para representar los intereses de los trabajadores, es probable que los trabajadores se envalentonen más para exigir salarios más altos.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la aplicación del gobierno fue razonablemente efectiva para hacer cumplir las leyes laborales en las empresas grandes y medianas, especialmente en las fábricas administradas por compañías estadounidenses y en otras industrias bajo jurisdicción federal. La aplicación era inadecuada en muchas pequeñas empresas y en los sectores de la agricultura y la construcción, y estaba casi ausente en el sector informal. Las organizaciones de trabajadores han presentado numerosas quejas sobre las malas condiciones de trabajo en las maquiladoras y en la industria de producción agrícola. Entre las quejas más comunes se encuentran salarios bajos, malas condiciones laborales, largas horas de trabajo, despidos injustificados, falta de beneficios de seguridad social y seguridad en el lugar de trabajo, y falta de libertad de asociación.

12.-OPIC y otros programas de seguros de inversión


México y la Corporación de Inversión Privada en el Extranjero (OPIC) finalizaron en 2004 el acuerdo que habilita los programas y servicios de OPIC dentro del país. Desde entonces, OPIC ha proporcionado más de USD 1.000 millones en seguros financieros y de riesgo político para respaldar a más de 22 proyectos en México. OPIC ha anunciado un impulso para catalizar inversiones adicionales de USD 1.000 millones en México y América Central para 2021. En diciembre de 2018, OPIC anunció la posibilidad de ampliar sus oportunidades de financiamiento en México a más de USD 5.000 millones. Para obtener más información sobre los proyectos de OPIC en México, consulte el sitio web de OPIC en https://www.opic.gov.

13.-Estadística de inversión extranjera directa y de cartera extranjera.


Tabla 2: Datos macroeconómicos clave, IED de EE. UU. En el país anfitrión / economía

Fuente estadística del país anfitrión * USG o fuente estadística internacional USG o fuente internacional de datos:
BEA; FMI; Eurostat; UNCTAD, otros
Datos Económicos Año Monto Año Monto
Producto interno bruto (PIB) del país anfitrión ($ M USD) 2018 $ 1,220,000 2017 $ 1,150,000 http://www.worldbank.org/en/country
https://inegi.org.mx/

Fuente estadística del país anfitrión de la inversión extranjera directa * USG o fuente estadística internacional USG o fuente internacional de datos:
BEA; FMI; Eurostat; UNCTAD, otros
IED estadounidense en el país socio ($ M USD, posiciones de acciones) 2018 N / A * 2017 datos de BEA de $ 2017,600 disponibles en https://www.bea.gov/international/direct-investment-and-multinational-enterprises-comprehensive-data
IED del país anfitrión en los Estados Unidos ($ M USD, posiciones de acciones) 2018 N / A * 2017 datos de BEA de $ 18,000 disponibles en https://www.bea.gov/international/direct-investment-and-multinational-enterprises-comprehensive- datos
Total de existencias entrantes de IED como% de PIB de 2018 N / A * 2017 49.5% de datos UNCTAD disponibles en https://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Country-Fact-Sheets.aspx

Tabla 3: Fuentes y Destino de la IED

Los datos incluidos en la Encuesta de Inversión Directa Coordinada del FMI son consistentes con los datos del gobierno mexicano.

Inversión directa desde / en datos de la economía de contraparte, 2017
De las cinco fuentes principales / a los cinco destinos principales (dólares estadounidenses, millones)
Inversión directa interna Inversión directa externa
Total entrante $ 490,574 100% Total saliente $ 172,919 100%
Estados Unidos $ 215,899 44% Estados Unidos $ 73,199 42%
Países Bajos $ 83,214 17% Países Bajos $ 36,498 21%
España $ 53,483 11% Reino Unido $ 10,362 6%
Reino Unido $ 23,845 4.9% Brasil $ 9,532 5.5%
Canadá $ 18,034 3.7% España $ 9,475 5.47%
“0” refleja cantidades redondeadas a +/- USD 500,000.

Tabla 4: Fuentes de inversión de cartera

Los datos incluidos en la Encuesta de Inversión de Cartera Coordinada del FMI (CPIS) son consistentes con los datos del gobierno mexicano.

Activos de inversión de cartera, junio de 2018
Los cinco mejores socios (millones, dólares estadounidenses)
Total Equity Securities Total Deuda De Valores
Todos los países $ 62,148 100% Todos los países $ 39,738 100% Todos los países $ 22,410 100%
Estados Unidos $ 28,487 45.8% No especificado $ 21,340 54% Estados Unidos $ 17,441 78%
No especificado $ 24,204 39% Estados Unidos $ 11,046 28% No especificado $ 2,864 13%
Irlanda $ 2,631 4.2% Irlanda $ 2,631 6.7% Brasil $ 1,617 7%
Luxemburgo $ 2,376 3.8% Luxemburgo $ 2,376 6% Colombia $ 70 .3%
Brasil $ 1,655 2.7% Reino Unido $ 601 1.5% Países Bajos $ 52 .2%.


14.-Contacto para más información
Seccion economica
Paseo de la Reforma 305, Colonia Cuauhtémoc, México, D.F. 06500
Ciudad de México
Correo electrónico: EconDL@state.gov
+52 55 5080 2000

Fuente: Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norte América