El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) presentó por primera vez ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un Amicus Curiae, una herramienta jurídica para fijar su postura técnica frente a una controversia judicial en el caso de la llamada “Ley Bonilla”.

Explicó que el Amicus Curiae es un mecanismo según el cual terceros que no son parte de un litigio, pero que tienen un interés justificado, pueden presentar una opinión técnica a un tribunal que aporte elementos relevantes para consideración del Poder Judicial.

Esta es la primera vez que el CCE hace uso de esta herramienta jurídica para fijar su postura técnica frente a una controversia judicial, expuso el organismo privado en un comunicado.

En el escrito presentado, los presidentes de los organismos empresariales buscan defender ante el Poder Judicial la conservación y el respeto del sistema democrático de México.

Esto porque consideraron que la legislación referida del estado de Baja California vulnera la Constitución federal, con base en diversos argumentos.

Entre ellos, el Decreto 351 es una norma electoral y vulnera la Constitución Federal, que indica que las leyes electorales deberán modificarse con al menos 90 días de antelación al inicio del proceso electoral.

Además de que constituye una violación al ejercicio del derecho al voto consagrado en la Constitución del país, en tanto que los ciudadanos de Baja California acudieron a votar por un gobernador que duraría en el cargo dos años y la modificación del periodo de mandato vulnera su derecho al voto.

Así como la determinación del periodo del cargo que fue objeto de la elección no está en el ámbito de la decisión y de la discrecionalidad del Congreso de Baja California, pues implicaría aceptar no solamente que tal periodo puede ser ampliado, sino que también podría ser reducido a voluntad.

El organismo empresarial señaló que lo anterior se traduciría en un régimen de democracia aparente, donde de facto se alteran los periodos de ejercicio del cargo sin tomar en cuenta la libre expresión de la voluntad de los electores.

Subrayó que en el Artículo 116 constitucional establece que los gobernadores cuyo origen sea la elección “en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo”, esto es, se prohíbe cualquier forma de reelección, incluidas las formas en las cuales se pueda simular la misma.

Los firmantes reiteraron su condena a la aprobación de esta ley, que se contrapone a la expresión de la ciudadanía en las urnas, y pone en entredicho la democracia y el Estado de derecho en Baja Californi, expone el CCE.