El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, encabezó el acto de disculpa pública a familiares por la desaparición forzada de 27 personas, entre febrero y mayo de 2018, cometida por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

“Lo hacemos en cumplimiento de nuestra obligación constitucional, para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de todas las personas, para que éstas puedan realizar su proyecto de vida con libertad y sin ningún temor”, expresó.

Lo hacemos también –continuó– en atención a la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero también por convicción política y por un deber ético del Estado mexicano, para que la ley se cumpla y hechos como los ocurridos en Nuevo Laredo en estos meses bochornosos de 2018, que dan cuenta de la ignominiosa actuación del Estado mexicano, no queden impunes y no se vuelvan a repetir.  

Señaló que de ahí la importancia de la presentación de 30 elementos de la Semar como probables responsables de este delito, quienes comparecen hoy ante la autoridad judicial y esperamos que la autoridad judicial realice un proceso claro, transparente y justo para deslindar las responsabilidades y castigar a los culpables. 

El subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez recordó que el eje central de la política en materia de derechos humanos, de bienestar y de desarrollo que ha emprendido el presidente Andrés Manuel López Obrador es el del respeto a la dignidad de las personas, a sus derechos, a sus libertades y a su derecho, en particular, de vivir en paz, con tranquilidad y sin temor en ninguna parte del territorio nacional. 

Subrayó que el Estado mexicano envía hoy un mensaje irrefutable para continuar encarando este grave problema sin dobleces, sin simulación y con toda la firmeza para mitigarlo y castigarlo. 

Asimismo, manifestó que el compromiso del Estado mexicano es continuar fortaleciendo acciones de combate y erradicación de estas prácticas, porque –dijo– si se quiere fortalecer al Estado y a sus instituciones tiene que terminarse con la impunidad.

“El objetivo de este evento, no solamente es saldar esta deuda con los familiares de las víctimas, sino es un esfuerzo para alentar la garantía de no repetición, que prevalezca un Estado de derecho y libertades”, sostuvo. 

Por último, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración refrendó la voluntad por cumplir con el deber de reparar integralmente a las víctimas en coordinación con las autoridades involucradas.