En acatamiento a la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, de las Organización de Naciones Unidas, el Estado mexicano ofreció disculpas al joven Arturo Medina Vega, quien permaneció  detenido durante cuatro años de manera injusta.

En un acto público, a nombre del Gobierno federal, de la Secretaría de Gobernación y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, se reconoció que no se respetaron los derechos de la víctima, por lo que no tuvo un acceso real a la justicia caso.

Alejandro Encinas, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, recordó que Arturo fue detenido 14 de septiembre de 2011, y desde ese momento las instancias de procuración y administración de justicia del Estado mexicano “le restringieron sus derechos y su acceso al debido proceso”.

“A nombre del Gobierno de México, te ofrezco una disculpa sin condición alguna, por los hechos que te afectaron a ti, a tu mamá, a tu familia. Una disculpa por los agravios que significaron la falta de garantía para acceder a la justicia plenamente ante la autoridad judicial en la Ciudad de México y una disculpa pública por el trato degradante que significó la forma en que la autoridad de procuración e impartición de Justicia de la Ciudad de México incurrió en tu agravio hace una década”, expresó el funcionario.

El funcionario enfatizó que las disculpas no se ofrecían sólo en acatamiento a organismos internacionales, sino por la convicción gubernamental de corregir abusos y en una especie de resignificación de Arturo, quien fue objeto de violaciones graves a sus derechos humanos.

Encinas aceptó que México necesita modificar la legislación federal y local, con el propósito de atender con la debida diligencia a personas con discapacidad que se vean en la necesidad de enfrentar este tipo de situaciones y, con ello, garantizar la igualdad jurídica.

“Es un llamado urgente para que cientos de miles de personas con discapacidad tengan garantía de acceso a la justicia”, enfatizó el Subsecretario, durante el acto que tuvo lugar en la sede de la Segob, y en el que estuvieron presentes el joven agraviado, su familia y sus representantes legales.

“El compromiso que asumimos es promover modificaciones a las leyes federales y locales, así como capacitar a toda la cadena de justicia de los distintos órdenes de Gobierno de nuestro país. Estamos obligados a que Arturo y cientos de miles de personas puedan gozar de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones, al igual que en cualquier mexicana o mexicano”, añadió el Encinas.

Por su parte, Judith Medina, madre de Arturo, aceptó las disculpas, sin embargo, consideró que el caso de su hijo es un recordatorio a toda sociedad y las autoridades de que existen muchas personas con discapacidad psicosocial o física, quienes enfrentan condiciones adversas día a día.

Por ello, exhortó a las instituciones a no sólo modificar leyes, sino también a que se den a la tarea de capacitar a su personal, particularmente a policías y ministerios públicos, que son el primer contacto y a quienes acusó que durante la detención de su hijo expresaron burlas e impidieron que tuviera acceso a una defensa jurídica real.

La mujer también lamentó que su hijo estuviera cuatro años preso por el injusto tratamiento del que fue víctima en septiembre de 2011, cuando tenía 21 años de edad. Arturo fue detenido por policías de la Ciudad de México, quienes lo acusaron del robo de un automóvil, pese a que no sabía manejar y de que no había denuncia alguna.

Junto con el joven se detuvieron a otras cuatro personas sin discapacidad, quienes de inmediato obtuvieron su libertad. El Juez que llevó el caso determinó que Arturo fuera recluido por cuatro años en el Centro Varonil de Readaptación Psicosocial, adjunto al Reclusorio Sur, a donde trasladan a varones con discapacidad intelectual o psicosocial.

En su intervención, Ernestina Godoy, titular de la FGJ capitalina calificó de obsoleta a la estructura de justicia que atiende a las personas con discapacidad, por lo que opinó que se necesita modificar a las instituciones para asegurar a las personas un efectivo acceso a la justicia, situación que históricamente se les ha negado.

En tanto, María Sirvent, en representación de la organización Documenta, que asesoró a Arturo en sus gestiones legales, afirmó que es indispensable visibilizar las violaciones que el Estado mexicano ejerce contra personas con discapacidad.

Ya que, señaló, como el caso de Arturo hay miles de personas con discapacidades que enfrentan abusos, injusticias y angustias en condiciones similares. En este sentido, enfatizó que el caso de este joven interpela al estado mexicano y le exige eliminar políticas y prácticas injustas.

Fuente: sinembargo