El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJFcalifica el proceso de revocación de mandato, en donde se perfila declarar la invalidez, al determinar que no se cumplió con aspectos, que hubo posibles irregularidades, entre ellas la propaganda gubernamental

El magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón emitió un proyecto en donde expone que hubo malas prácticas que afectaron la normativa electoral, instituciones electorales y la decisión electoral. 

Reyes Rodríguez enlisto las posibles faltas: omisiones legislativas, falta de presupuesto que redujo casillas, controversias constitucionales, violaciones reiteradas de servidores públicos, lo que había “impactado en la calidad democrática de la revocación”.

En ese sentido, la magistrada Janine Otalora señaló que la Ley prohíbe la propaganda gubernamental, además de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que solo fue el Instituto Nacional Electoral (INE) y los OPLES los que tenían permitido promover la revocación, las cuales fueron ignoradas por los actores políticos. 

“El riesgo de dejar impunes estas malas prácticas significa incumplir con nuestras obligaciones de garantes de los principios democráticos y de nuestra función constitucional, por lo que en nosotras y en todos los actores políticos recae el deber de que estas malas prácticas no se repitan en futuros procesos electorales”, indicó Otalora.

La magistrada Mónica Soto anunció que no respaldará el proyecto que prevé marcar las fallas del proceso de revocación: «Me voy a apartar y no me voy a pronunciar sobre si estoy de acuerdo o en desacuerdo en el análisis».

Indicó que afirmar que conductas «afectaron la integridad de la revocación de mandato puede atentar el principio de congruencia».

Por POLÍTICO MX