La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que ordenaba a la Fiscalía General de la República (FGR) revelar los nombres y cargos del personal sustantivo y administrativo de cuatro Subprocuradurías, entre ellas la encargada de investigar delitos de delincuencia organizada. 

El Pleno de la Corte avaló el proyecto, con siete votos a favor y tres en contra, del ministro Javier Laynez Potisek, quien señaló que la FGR expuso en sus alegatos la “teoría del mosaico”, en el sentido que revelar nombres y cargos abriría la puerta a actos de contrainteligencia y pondría en riesgo la procuración de justicia, además de la seguridad de su personal. 

En un inicio, Laynez Potisek propuso que solo no se revelaran los nombres de policías ministeriales, peritos, agentes del Ministerio Público y de todo el personal sustantivo de las subprocuradurías (hoy fiscalías) de Control Regional, Delitos Federales, Derechos Humanos y de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Seido), y del personal administrativo de ésta última. 

Pero la ministra Loretta Ortiz Ahlf estimó que también se debían reservar los nombres y cargos del personal administrativo. “Hacerla pública, equivaldría a revelar la capacidad de fuerza del Estado, esto es proporcionar información del 73 por ciento del total de los agentes del Ministerio Público de la Federación, por lo que coincido en que su publicación sí mermaría la capacidad de la Fiscalía para la investigación y persecución de los delitos de su competencia”, comentó. 

La ministra Yasmín Esquivel Mossa consideró que revelar la estructura de las áreas administrativas debilita la seguridad pública, cuyos fines son salvaguardar la vida, la libertad, de la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. 

“Genera enormes riesgos que es necesario disminuir en beneficio de tales personas, de los servidores públicos, así como de la sociedad en general, que tiene el deber de proteger la integridad personal de esos servidores públicos y de sus familias para preservar la seguridad de la propia comunidad”, indicó. 

Esquivel Mossa añadió que el personal administrativo también forma parte de la estructura para la investigación y combate al delito. “No considerarlo así, implica una postura discriminatoria de los servidores públicos”, enfatizó.

Con información de Milenio.