Jesús Murillo Karam, extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), fue trasladado esta mañana al Reclusorio Norte, donde hoy comparecerá por los delitos de desaparición forzada tortura y obstrucción de la justicia en torno al caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

El exfuncionario arribó a la zona de juzgados en medio de un  fuerte operativo, que incluyó a elementos de la Policía Ministerial y de la Secretaría de la Marina (Semar).

Su primera audiencia ante un juez de control está programada para las 9:00 horas, donde se definirá si su detención procede conforme a derecho.

Imágenes captadas por la agencia Obturador muestran la camioneta Cherokee color gris en la que Murillo Karam arribó al Reclusorio Norte, alrededor de las 07:00 horas de este sábado.

Ayer la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el exprocurador con Enrique Peña Nieto fue detenido en Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en un operativo donde participaron elementos de la Policía Ministerial y de la Semar.

Su aprehensión ocurre después de que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, de la Secretaría de Gobernación (Segob), señaló que la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa, en 2014, fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles y no hay indicios de que estén vivos.

El 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre, cuando hubo matanza de estudiantes en la plaza de las tres culturas, en Tlatelolco, en la capital de México.

Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada “verdad histórica”, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

La Administración de López Obrador ha desmentido esa “verdad”, al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

De acuerdo con este último informe “existen elementos” para que las autoridades judiciales continúen indagatorias en contra de al menos 33 personas. 

-Con información de EFE