Luego que cuatro militares acusados de haber participado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotizinapa presentaron una denuncia penal en su contra, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, sostuvo que quienes lo acusan son quienes, vinculados con la delincuencia organizada, perpetraron la desaparición de los normalistas.

Además, lamentó que los argumentos de los abogados “pretendan confundir y engañar” para litigar en medios lo que no pueden demostrar en los tribunales.

“Los que hoy me acusan son parte de quienes, vinculados con otras autoridades y delincuencia organizada, perpetraron la desaparición de los 43 estudiantes. Detrás de ellos están quienes pretenden mantener la impunidad sobre éste caso”, dijo el subsecretario este miércoles.

Por medio de un video que difundió en sus redes sociales, expuso que no puede permitir “que se manipule y desinforme” sobre las labores relacionadas con el acceso a la verdad en el caso.

Tras la denuncia presentada por los abogados de los militares detenidos, aclaró que es la FGR la que ha sustentado las imputaciones con base en “evidencias sólidas y contundentes”, confirmadas por un juez. Confió en que deriven en sentencias condenatorias, lo que será un paso contra la impunidad.

Reconoció el legítimo derecho a la defensa, pero “es importante reafirmar que el ejercicio de las funciones de la Comisión de la verdad no implica afectación alguna a la presunción de inocencia o debido proceso”, ya que “no somos jueces ni fiscales”.

“Pretender que garantizar el derecho a la verdad implica una violación a los derechos de los imputados, es absurdo”. Adujo que con ellos “quieren confundir para distraer su participación sobre estos hechos”.

Apuntó que las comisiones de la verdad emiten opiniones no vinculantes, y conminó a diferenciar las funciones de la Comisión para la verdad, de las que le competen a la fiscalía especial para el caso.

Es exclusivamente el ministerio público de la federación quien conduce la investigación criminal, valora y decide qué pruebas se presentan para su judicialización. A la vez, la fiscalía ha sustentado sus imputaciones en muchos otros hechos de prueba, añadió.

“Desafortunadamente siguen arraigadas prácticas y personas del viejo régimen que deberían estar investigando con rigor e imparcialidad, y que obedecen intereses, que buscan delimitar nuestra misión y proteger a quienes durante años han buscado mantener la impunidad”.

Indicó que la Comisión para la Verdad de este caso mantiene su convicción de que el informe recientemente presentado responde a la pregunta de qué fue lo que pasó, con un análisis corroborado con un amplio universo de información “sin falsificación alguna”.

De igual forma, dijo, mantendrán el compromiso con los padres y madres para conocer la verdad, dar con el paradero de los muchachos y allanar el camino hacia la justicia.