El Poder Judicial de Nuevo León tomó este viernes las instalaciones del Instituto de la Defensoría Pública del Estado, órgano que dependía, antes de las reformas concretadas por el Congreso local, al Poder Ejecutivo.

Fuentes al interior del Poder Judicial confirmaron que este viernes tomaron las instalaciones producto de las reformas antes mencionadas y luego de que un Tribunal Colegiado declarara la validez del decreto 341, que precisamente indica que la Defensoría pasa a ser jurisdicción del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial que encabeza Arturo Salinas.

Elementos ministeriales y de Fuerza Civil permanecieron por un par de horas en el cruce de Matamoros y Galeana, en donde hasta el momento los servicios continúan con normalidad.

De acuerdo con fuentes, la toma de las instalaciones también se dio con el cambio de titular en la Defensoría, al rendir protesta Luis García Alcántara, quien sustituye a Reynaldo Cantú, este último quien presuntamente se resistía a entregar dichas instalaciones.

El decreto 341 que reforma el artículo 17 de la Constitución Política de Nuevo León a la letra dice: «El Estado garantizará la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurará las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a los que correspondan a los agentes del Ministerio Público; este servicio será provisto por el Instituto de Defensoría Pública del Estado de Nuevo León, el cual será un Órgano del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León y cuyo titular será designado por ese Consejo de la Judicatura por mayoría de votos de sus integrantes.

«El Instituto de Defensoría Pública del Estado de Nuevo León, tiene como finalidad la asistencia profesional de abogadas y abogados públicos que presten servicios gratuitos de defensa de las personas justiciables, con el objeto de regular la prestación del servicio de defensoría pública en asuntos del fuero local, garantizando el derecho a la defensa en materia penal y el patrocinio legal durante la ejecución penal; así como el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en las materias familiar, administrativa, fiscal, mercantil y civil», refiere.

Con ello, las fuentes añadieron además que el Consejo de la Judicatura aprobó la designación de García Alcántara como nuevo titular de la Defensoría.

Con información de Milenio