“La cifra de 15 mil millones de pesos (mmdp) que se ha manejado en la opinión pública de los presuntos montos no es precisa y no tiene fundamento (…) la cifra es de 9 mil 500 millones de pesos”.

“La cifra de 15 mil millones de pesos (mmdp) que se ha manejado en la opinión pública de los presuntos montos no es precisa y no tiene fundamento (…) la cifra es de 9 mil 500 millones de pesos”.

Así justificó Roberto Salcedo Aquino, titular de la Función Pública (SFP) con respecto al desfalco en Seguridad Alimentaria de México (Segalmex) en la “mañanera” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Salcedo Aquino detalló que de los 9 500 mmdp, 6 mmdp fueron señalados por la propia SFP, y el resto del monto por la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

A su vez, indicó que las observaciones presentadas no pueden asumirse como daño patrimonial, porque son conclusiones preliminares realizadas por los auditores, los cuales requieren más información para dejarlas en firme o no.

El funcionario detalló las observaciones que dan un monto de 9 mmdp es resultado de las auditorias de 2020 y 2021, y que:

“Segalmex, Liconsa y Diconsa están recopilando evidencias para aclarar las observaciones porque las evidencias estaban dispersas en las oficinas de las 3 entidades en toda la República”.

Roberto Salcedo detalló que en esta fase de la investigación en la SFP se tienen 37 carpetas de investigación del caso, y que una vez que se desahogen las observaciones, el monto podría disminuir.

Evidencias escondidas

Por su parte, Félix Mediana Padilla, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación detalló que el grupo de trabajo intersecretarial para el caso Segalmex que descubrió que:

“Las pruebas que sustentan las denuncias presentadas ante la FGR, las cuales habían sido ocultadas en todas las oficinas de Segalmex en todo el país (…) un ejemplo de ello es el millón 200 mil documentos, ya que los originales fueron sustraídos de las oficinas centrales”.

Y al corte, su labor ha generado 69 denuncias, 55 de ellas por Segalmex, Diconsa y Liconsa; 4 por la Procuraduría Fiscal de la Federación; 9 por la UIF y 1 por la Función Pública.

Medina Padilla refirió que las denuncias son por los presuntos delitos con el uso ilícito de funciones, de recursos públicos, captación irregular de recursos, peculado, delincuencia organizada, entre otros.

Por esos presuntos delitos se investiga a 87 personas, 41 servidores públicos y 46 empresas, particulares y abogados.

El Procurador Fiscal detalló que los montos denuncias por el grupo que encabeza la dependencia ha denunciado un monto de 4 mil 900 millones de pesos.

Y que los expedientes investigados están el uso ilícito de atribuciones y facultades, desvío de recursos públicos, y realizar inversiones bursátiles de alto riesgo por 800 millones de pesos:

“En otras palabras se le denunció por compra de bonos basura sin valor con dinero público, y como se informó el dinero ya se recuperó y fue reintegrado en su totalidad, así como parte de los intereses; los intereses restantes están en proceso de recuperación”.

Fuente: 24 horas