En México, la lucha por erradicar la maternidad en niñas y adolescentes representa uno de los mayores desafíos en la agenda de desarrollo del país. Con el compromiso de eliminar los casos de maternidad en el grupo de 10 a 14 años y reducir a la mitad los embarazos en adolescentes de 15 a 19 años para el año 2030, el Gobierno Federal implementó la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes en 2015.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, los datos presentados por el experto Luis Alfonso Guadarrama Rico, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), en su artículo «Otras maternidades en México» revelan que aún queda un largo camino por recorrer. Según el análisis de 71 casos ocurridos entre 2015 y 2021, se estima que más de 42,000 niñas y adolescentes se convirtieron en madres, enfrentando una crianza precaria.

Estos casos representan el 2% del total de la natalidad adolescente en México. Cada año, aproximadamente 6,059 niñas son víctimas de embarazos no deseados, abusos, violaciones y violencia recurrente. Estas jóvenes son amenazadas, estigmatizadas y enfrentan represalias tanto en su entorno familiar como en la sociedad en general.

Los efectos de la maternidad temprana son devastadores para estas niñas y adolescentes. El embarazo, el parto, el puerperio y las tareas de crianza se ven afectados por complicaciones como la muerte materna o el fallecimiento de los recién nacidos. Además, la maternidad precoz perpetúa las condiciones de pobreza y vulnerabilidad, ya que estas jóvenes madres ven interrumpida su educación y se ven obligadas a realizar trabajos domésticos o mal remunerados debido a su edad y nivel educativo.

Desde la perspectiva del investigador Guadarrama Rico, estos embarazos en niñas y adolescentes son el resultado de estructuras patriarcales y machistas arraigadas en la sociedad. Por lo tanto, es fundamental que los sectores de la educación y la salud trabajen en conjunto para identificar y denunciar estos casos, asegurando que no queden impunes. Además, las autoridades municipales deben proporcionar una atención oportuna a través de instituciones como los DIF, los institutos de la Mujer y los Sistemas de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Para abordar este grave problema social, es necesario implementar medidas integrales que promuevan la educación sexual y reproductiva, así como el acceso a métodos anticonceptivos efectivos. Es crucial que se refuercen los programas de prevención del embarazo adolescente y se fomente una cultura de igualdad de género, que permita a las niñas y adolescentes desarrollar todo su potencial y tener el control sobre sus propias vidas.

Lee Universitaria (https://revistauniversitaria.uaemex.mx/) y revisa los detalles de este estudio (https://revistauniversitaria.uaemex.mx/article/view/21255/15740).