+ Señalan grupos defensores de pueblos y barrios originarios que debe reponerse todo el proceso y han juntado 19 mil firmas para exigir al Congreso capitalino acción para hacer un trabajo consensado y no impuesto.

Luis Serieys Zárate

Ciudad de México

17/11/2023

Frente a la posibilidad de que los programas General de Ordenamiento Territorial y Plan General del Desarrollo lleguen a aprobarse sin discusión ni votación con la figura de la “afirmativa ficta”, representantes de pueblos y barrios originarios demandaron reponer el proceso completo para llegar a un nuevo dictamen.

De acuerdo con el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac, el próximo 8 de diciembre se cumple el plazo límite para que el Congreso de la Ciudad de México sesione para aprobar o rechazar los proyectos de los mencionados programas.

Explican que si el Congreso de la Ciudad  no  manifiesta su posición al respecto en esa fecha, los mismos quedarán aprobados, de acuerdo a una disposición -inconstitucional- establecida en la Constitución de la Ciudad de México, que abre la puerta a la aplicación de un tipo de “afirmativa ficta”.

Los participantes en el Frente han solicitado constantemente al Congreso la reposición del proceso para llegar a un dictamen consultado con los pobladores de las alcaldías de la Ciudad de México, el cual por ahora sólo se realizó con vecinos afines al Gobierno de MORENA que aceptaron la imposición que otorgará “manos libras” a las constructoras.

Señalan que “Si bien todas las bancadas de todos los partidos tienen responsabilidad en este tema, es especialmente la bancada de MORENA, que es mayoritaria, quien tiene mayor responsabilidad sobre las consecuencias de la aprobación de esos proyectos.

Así, emitimos este posicionamiento público para señalar que será la diputada Martha Soledad Ávila Ventura, coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA, y todo ese grupo parlamentario, quienes serán responsables de las graves afectaciones que podría sufrir el suelo de conservación de la ciudad, los acuíferos y bosques, en caso de que se apruebe el Programa General de Ordenamiento Territorial y el Plan General de Desarrollo.

En el mismo sentido, le recordaron al diputado Héctor Díaz Polanco que de nada sirve que se escriba en letras de oro en el Congreso alguna frase sobre la existencia de los pueblos, sino va hacer nada para que se reponga el proceso de consulta de los proyectos que ahora denunciamos.

Reiteraron que la consecuencia legal de su aprobación consiste en la afectación del suelo de conservación a través de los polígonos de infraestructura de bienestar, reservas territoriales y asentamientos irregulares.

Adicionalmente en los hechos, modifica la zonificación vigente del Programa General de Ordenamiento Ecológico mismo que quedaría sin efectos una vez que se aprueben los programas de ordenamiento territorial de cada una de las 16 demarcaciones territoriales, lo cual es sumamente peligroso para la supervivencia ambiental de la cuenca.

En medio de investigaciones y castigos a funcionarios públicos por premisos irregulares a constructores en las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo, entre otras que tienen construcciones irregulares, es que se pretende cambiar las reglas para darles libertades a los constructores, por lo que MORENA es ahora la entidad legislativa que junto al Gobierno de la Ciudad de México pretende entregarle la Ciudad a las llamadas “mafias” de la construcción.

Esto se debe a que estos documentos no  fueron consultados con pueblos y barrios, no se contó con la participación de la ciudadanía en general para su elaboración y tampoco fueron traducidos a las lenguas indígenas de las comunidades indígenas residentes, por lo que podrían ser anulados por jueces o tribunales.

Más adelante los representantes de los ciudadanos señalaron que “en medio de denuncias e irregularidades, en junio se envió al Congreso de la Ciudad el PGOT que se trata de un programa que tendrá una duración de más de dos décadas y que pretende legitimarse con poca participación y sin haber consultado adecuadamente a toda la Ciudadanía”.

Explican que en general, el PGOT permite que sea el poder inmobiliario el que dicte las políticas urbanas en Ciudad de México, por lo que convocaron a los más de 19 mil ciudadanos que ya firmaron la petición a demostrar “que nos oponemos a la imposición”.

Informaron que las firmas serán entregadas el 22 de noviembre al Congreso de la Ciudad de México para exigir a diputado y diputadas el rechazo del documento y la no aprobación por medio de la afirmativa ficta, que significa la aprobación sin discusión posiblemente el 8 de diciembre.

serieys@hotmail.com