En México, las lagunas en la legislación migratoria han dejado en un estado de desamparo a miles de inmigrantes indocumentados que transitan por el país. El catedrático e investigador Juan Carlos Delgado Siles, del Centro Universitario Texcoco de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), ha denunciado la falta de protección legal para aquellos que no son mexicanos por nacimiento o naturalización.

Una de las interrogantes clave que plantea Delgado Siles es la ausencia de garantías para las personas que están de paso por México. Mientras el Estado asegura la protección de los mexicanos por nacimiento y naturalización, surge la cuestión: ¿qué sucede con los derechos de aquellos que simplemente están de tránsito por nuestro país? ¿Acaso no tienen derechos?

El investigador destaca la contradicción entre la aparente garantía de derechos humanos y la realidad del sistema jurídico mexicano. Aunque existe un marco legal que presume proteger los derechos en todas las áreas, Delgado Siles argumenta que el sistema está maquillado bajo un derecho penal funcionalista, que, si bien permite el funcionamiento de la maquinaria jurídica, no garantiza de manera efectiva la protección de los derechos humanos.

En este contexto, se plantea la interrogante fundamental: ¿está el Estado mexicano obligado a proteger a quienes no son ciudadanos mexicanos por nacimiento o naturalización? Específicamente, cuando muchos migrantes indocumentados se encuentran en una situación precaria, pidiendo dinero en los cruces de caminos o sin la posibilidad de obtener empleo debido a la falta de documentación, la necesidad de una respuesta clara se vuelve imperativa.

Delgado Siles subraya que los migrantes se enfrentan a la violación de derechos fundamentales como la libertad ambulatoria, el acceso a servicios básicos como la educación y la salud, así como la capacidad de denunciar abusos y arbitrariedades. En este sentido, el investigador señala que la garantía de protección de los derechos humanos se ve socavada, no solo por las autoridades en general, sino principalmente por los llamados «primeros respondientes», aquellos que son los primeros en llegar al lugar de los hechos.

Las consecuencias de esta inacción institucional son alarmantes. Delgado Siles sostiene que, en la práctica, las autoridades parecen proteger a los delincuentes al hacer caso omiso a las peticiones de auxilio por parte de los migrantes. Situaciones como robos, abusos sexuales o secuestros no obtienen la atención necesaria, generando un peligroso vacío de protección para aquellos que más lo necesitan.

En última instancia, la llamada del catedrático de la UAEMéx es un llamado a la reflexión sobre la necesidad urgente de revisar y fortalecer la legislación migratoria en México. La protección de los derechos humanos debe ser una prioridad inquebrantable, independientemente del estatus migratorio de las personas. El desamparo legal de los migrantes indocumentados no solo amenaza su bienestar, sino que cuestiona la integridad de un sistema que debería velar por la justicia y la protección de todos, sin importar su origen.