Las controversias familiares y civiles representan aproximadamente entre el 70 y 75 por ciento del trabajo jurisdiccional en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Por ello, la homologación normativa del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares aligerará la carga de jueces y magistrados, y garantizará el acceso a la justicia de forma pronta y expedita, así como las condiciones de igualdad y no discriminación para todas las personas, aseguraron las autoridades de la capital.

La vigencia y aplicación de la norma federal, a partir del 1 de diciembre de 2024, permitirá priorizar la oralidad y el uso de las nuevas tecnologías para resolver conflictos civiles y familiares, celebró el jefe de Gobierno, Martí Batres.

Al encabezar la inauguración del Foro “Diálogos para la Construcción de la Homologación Normativa del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Penales en la CDMX”, organizado por comisiones del Congreso capitalino, Batres destacó que este es un buen momento para homologar el Código Civil, que no se tocó en la reforma del año 2000.

La homologación permitirá, agregó el mandatario capitalino, celebrar audiencias en línea, la integración de expedientes electrónicos al sistema de notificación que podrá ejecutarse por correo electrónico, y que las diligencias puedan ser grabadas o celebrarse a distancia, además de la realización de videoconferencias.

También permitirá la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias y la obligación de juzgar con perspectiva de género.

“Entendiendo que existe una opresión de género que provoca una desigualdad específica (…) estos son unos de los puntos específicos que contendría la homologación, y qué bueno que se agregue lo de familiares”, dijo Batres ante decenas de magistrados y jueces integrantes del Poder Judicial de la CDMX, asistentes al Foro, en las instalaciones del Congreso local, en Plaza de la Constitución 7.

Batres recordó que, como parte del proceso de homologación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el mes pasado envió al Congreso de la CDMX una iniciativa de reforma al artículo 35 de la Constitución local para modificar la función judicial, con el fin de que jueces y magistrados “observen los principios de igualdad sustantiva, justicia restaurativa y justicia redistributiva”.

“Para que las formalidades no esenciales del procedimiento judicial no estén por encima de la aplicación y los fines de la justicia social, para garantizar justicia y respeto a los derechos humanos, principalmente a los grupos en situación de pobreza”, añadió.

Reconoce magistrado presidente que la aplicación no será sencilla

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Rafael Guerra Álvarez, reconoció que la aplicación del nuevo sistema de justicia “no será sencilla”.

Afirmó que se deben “romper paradigmas y contar con personas abogadas, postulantes, magistrados y jueces dispuestos a hacer las cosas de forma distinta y reinventar el proceso” para garantizar la solución de conflictos y el acceso a la justicia digna.

Destacó que el inicio de vigencia de este Código en la Ciudad tendrá diferentes fechas: 1 de diciembre de 2024, 1 de junio y 15 de noviembre de 2025.

Esta última etapa, dijo Guerra Álvarez, atenderá procedimientos sucesorios y testamentarios, todo ello, paralelamente al aprovechamiento de los mecanismos alternativos de solución de controversias, a través de juicios orales, además del desarrollo de aplicaciones electrónicas, juicios y audiencias en línea para el aprovechamiento de la tecnología en toda la actividad jurisdiccional.

Fuente: excelsior