Luego de la aprobación de la reforma al Poder Judicial, trabajadores del sector judicial que permanecen en plantón frente al Senado de la República se trasladaron al Ángel de la Independencia para manifestar su rechazo a la decisión tomada por los senadores. Con 86 votos a favor, 41 en contra y 0 abstenciones, la reforma fue avalada por mayoría calificada, lo que desató una serie de protestas y tensiones.

Los manifestantes, compuestos en su mayoría por empleados del Poder Judicial, decidieron permanecer por tiempo indefinido en la explanada del Ángel de la Independencia, sin precisar la duración de su estancia. Esta protesta se suma a las manifestaciones que se dieron el día anterior en el Senado, donde trabajadores, estudiantes de derecho y jueces lograron irrumpir en la Cámara alta, suspendiendo brevemente la sesión.

En respuesta a la protesta, las autoridades reforzaron la seguridad en las inmediaciones, instalando cercos policiales para contener a los manifestantes y evitar enfrentamientos como los ocurridos cerca de la antigua sede del Senado en Xicoténcatl.

Reacciones políticas y críticas

La reforma judicial, que permite la recomendación popular de candidatos para puestos en el Poder Judicial, ha generado polémica. Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano acusaron a la mayoría conformada por Morena, Partido Verde y PT de haber utilizado «trampas y chantajes» para alcanzar la mayoría calificada. Por su parte, organizaciones judiciales como la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito han advertido que la reforma podría comprometer la independencia judicial, favoreciendo a candidatos vinculados a intereses políticos o del crimen organizado.

Preocupaciones sobre la reforma

La Jufed ha manifestado su preocupación ante la posibilidad de que la reforma permita que los jueces se vean presionados a satisfacer las expectativas de quienes los recomienden, poniendo en riesgo su imparcialidad. Además, señalaron que la reforma limita las oportunidades de crecimiento profesional de más de 1,600 jueces, afectando también los derechos laborales de este gremio.