La defensa de los derechos territoriales de las comunidades rurales e indígenas en México ha sido un tema central en la historia del país, particularmente durante la época de la Reforma Liberal. Con el objetivo de profundizar en este tema, la profesora e investigadora Gloria Camacho Pichardo, del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), lideró un proyecto de investigación que destaca la figura del abogado mexiquense Prisciliano María Díaz González, uno de los actores más influyentes de su tiempo.

Este trabajo de investigación forma parte del libro El municipio decimonónico en México. Formación institucional, procesos políticos y prácticas sociales, publicado por El Colegio Mexiquense, y resalta a Díaz González como un personaje clave en la construcción de una personalidad jurídica para las comunidades rurales e indígenas del Estado de México. Su influencia se manifestó en un momento crucial de la historia del país, particularmente en el contexto de la promulgación de las Garantías Individuales en la Constitución de 1857, en las que el propio Díaz González participó como redactor.

Camacho Pichardo explicó que el estudio tiene como fin comprender el papel de las comunidades indígenas y rurales en la defensa de sus derechos territoriales durante el siglo XIX, un periodo marcado por intensas transformaciones políticas y sociales. En este contexto, el proceso de desamortización, que implicaba la venta y privatización de tierras comunales, representó una amenaza significativa para las tierras que tradicionalmente habían sido poseídas y utilizadas por las comunidades indígenas.

Prisciliano María Díaz González, abogado liberal y defensor incansable de los derechos de propiedad de las comunidades, fue un actor crucial en la protección de los territorios indígenas frente a los intentos de desamortización. En numerosas ocasiones, su labor jurídica permitió que las comunidades rurales e indígenas del Estado de México retuvieran sus tierras y recursos naturales, enfrentando con éxito los litigios que surgieron ante las políticas de privatización de la época.

La investigación de Camacho Pichardo subraya cómo la intervención legal de Díaz González ayudó a consolidar la figura de la personalidad jurídica para estas comunidades, un concepto que implica el reconocimiento formal de una entidad o individuo como titular de derechos y obligaciones. Para las comunidades indígenas, la personalidad jurídica significó no sólo la capacidad de ser reconocidas legalmente, sino también la posibilidad de defender sus recursos y propiedades en los tribunales.

“El reconocimiento de una personalidad jurídica para estas comunidades no sólo implicó el reconocimiento de sus derechos sobre la tierra, sino que también les permitió actuar como entidades legales capaces de proteger sus intereses y recursos naturales frente a las amenazas externas”, explicó la profesora Camacho Pichardo.

Además de analizar el papel histórico de Prisciliano María Díaz González, Camacho Pichardo utilizó esta investigación como una plataforma para invitar a las próximas generaciones de historiadoras a continuar explorando y contribuyendo al conocimiento sobre la historia de México. En un exhorto a las jóvenes académicas, destacó la importancia de cuestionar lo establecido y buscar nuevas áreas de investigación, subrayando que el avance de cualquier disciplina depende del compromiso de sus investigadoras con la creación de nuevo conocimiento.

“Aportar conocimiento es fundamental para el avance de nuestro país y de cualquier disciplina. Hay que ser curiosos y cuestionar lo establecido. Es a través de la investigación y el estudio que podemos contribuir al desarrollo de nuestra sociedad”, concluyó la investigadora de la UAEMéx.

La labor de Camacho Pichardo y su equipo no sólo contribuye al conocimiento histórico del Estado de México y su defensa territorial en el siglo XIX, sino que también ofrece una reflexión sobre la importancia de la justicia social y el respeto a los derechos de las comunidades más vulnerables. En un país donde las disputas territoriales aún forman parte de la agenda política y social, investigaciones como esta refuerzan la relevancia de proteger los derechos de quienes históricamente han sido marginados.

Este estudio no sólo revaloriza el trabajo de un abogado liberal fundamental para la historia del Estado de México, sino que también abre una ventana a la reflexión sobre cómo las comunidades indígenas y rurales han luchado y siguen luchando por el reconocimiento y la defensa de sus derechos territoriales.