En una votación polémica, con 332 votos a favor y 119 en contra, la Cámara de Diputados aprobó la extinción de siete organismos autónomos. Entre ellos destacan el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y otros. A cambio, se creó un organismo descentralizado que asumirá las funciones técnicas del IFT y la Cofece, en una medida impulsada por Morena y sus aliados del PVEM y el PT.

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena, defendió la medida como una acción para combatir monopolios y proteger a los consumidores. Según explicó, la nueva autoridad tendrá la capacidad de realizar investigaciones, imponer sanciones y garantizar procedimientos más rápidos en la regulación de mercados.

“México enfrenta niveles de concentración inaceptables en varios mercados de bienes y servicios. Esto afecta directamente a los consumidores, generando sobreprecios injustificados y prácticas colusivas en las contrataciones públicas”, afirmó Ramírez Cuéllar.

Además, el legislador enfatizó que el nuevo organismo cumplirá con los compromisos internacionales establecidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC), asegurando independencia operativa para abordar las problemáticas de competencia económica.

Entre las funciones destacadas de este nuevo ente están la imposición de multas, la reducción de los tiempos en investigaciones y la colaboración con el Poder Judicial para ejecutar sanciones con mayor celeridad. Estas acciones, según Morena, buscan fomentar una mayor equidad en los mercados y beneficiar a los consumidores mexicanos.

La oposición no tardó en manifestar su rechazo a las reformas. La diputada Irais Reyes De la Torre, de Movimiento Ciudadano, calificó la medida como un «parche engañoso» que compromete la autonomía y la independencia de los organismos afectados. «Se está atentando contra la libre competencia y las telecomunicaciones, dejando todo bajo el control del gobierno», sentenció.

Por su parte, Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado del PAN, fue más allá, al advertir que la desaparición del INAI pone en riesgo los datos personales de los mexicanos. También expresó preocupación por el control gubernamental sobre las tarifas de servicios básicos como la electricidad y la gasolina. “Sin la Cofece, Morena distorsionará los precios de la canasta básica; sin el Coneval, no habrá evaluaciones fiables de los programas sociales; y sin Mejoredu, condenan a los mexicanos a la ignorancia”, criticó.

Téllez Hernández también cuestionó los argumentos económicos detrás de la medida. Aseguró que los organismos autónomos consumieron apenas 55 mil millones de pesos en una década, una cifra que considera insignificante en comparación con los costos de las megaobras del actual gobierno.

Otro punto relevante fue la aprobación de una reserva presentada por el PT que modifica el artículo 27 de la Constitución, reafirmando que el dominio de la Nación sobre recursos naturales como minerales radiactivos y litio es inalienable e imprescriptible. Esto implica que la explotación de estos recursos solo podrá realizarse mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal.

“Las normas relativas a la explotación de recursos minerales serán estrictamente reguladas, y su incumplimiento dará lugar a la cancelación de concesiones”, establece la reserva.

Además, se faculta al gobierno federal para establecer y suprimir reservas nacionales, restringiendo las concesiones privadas, especialmente en sectores estratégicos.

La desaparición de estos organismos autónomos y la centralización de sus funciones en un nuevo ente gubernamental plantean un escenario de cambios significativos en la regulación económica y administrativa del país. Mientras que Morena argumenta que estas reformas buscan eficiencia y equidad, la oposición advierte sobre los riesgos de concentración de poder y pérdida de transparencia.

La reglamentación secundaria será clave para determinar el alcance y la efectividad del nuevo organismo descentralizado. Sin embargo, el debate sobre la autonomía, la transparencia y el impacto en los derechos de los ciudadanos seguirá marcando la agenda política en los próximos meses.