El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen a la minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley Federal del Trabajo, en materia de vivienda con orientación social.

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El dictamen, avalado por 346 votos a favor, 90 en contra y cero abstenciones y que deriva de una iniciativa presentada por la titular del Ejecutivo Federal, establece que el Consejo de Administración del Infonavit tendrá la atribución y facultad de aprobar anualmente el presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia del Instituto.

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Además, el presupuesto de inversión en construcción, garantizando en todo momento que se destinen los recursos suficientes para el otorgamiento de crédito a las personas trabajadores derechohabientes, conforme al programa de inversión habitacional que la Asamblea General apruebe en el plan financiero de cada año.

Indica que los recursos del Instituto o bajo su administración se destinarán a la construcción de vivienda, por conducto de una empresa filial, para fomentar la oferta destinada al arrendamiento social o adquisición en favor de las personas trabajadoras derechohabientes, así como el desarrollo económico local y la generación de empleos.

Sin perjuicio de las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información previstas en la ley de la materia, la Dirección General del Instituto proveerá lo necesario para que se ponga a disposición del público en general, en forma periódica y a través de su página de Internet, información clara, sencilla, precisa, confiable y actualizada que permita conocer la situación financiera, administrativa, operacional, económica y jurídica, así como los riesgos, relacionados con el fondo que contiene los recursos y de su empresa filial, sus proyectos de construcción, proveedores contratados por aquella, entre otros asuntos que estime conveniente.

Se señala que con el fin de que el Instituto destine los recursos que integran su patrimonio o que están bajo su administración a la consecución de sus objetivos, estarán sujetos a lo siguiente: la Asamblea General del Instituto deberá establecer las políticas de organización de la contabilidad y auditoría interna, conforme a las normas de información financiera vigentes y aplicables, observando su origen constitucional, regulación como organismo de servicio social, objeto, fines y, en general, el régimen interno previsto en la Ley.

También, indica, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, auxiliada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, fijará las normas de carácter prudencial y sanas prácticas a que se sujetarán las operaciones en materia crediticia que realice el Instituto, atendiendo a la Ley y a la naturaleza social de sus fines. Además, supervisará y vigilará que las operaciones en materia crediticia se ajusten a las normas establecidas y a las sanas prácticas.

Ante incumplimiento por parte del Instituto se deberán establecer programas de autocorrección sujetos a un plazo de ejecución determinado y, en su caso, dará vista a la Contraloría General del Instituto del incumplimiento al programa de autocorrección, para que aplique las sanciones previstas en el Reglamento Interior de Trabajo. La Contraloría informará al Comité de Auditoría, a la Comisión de Vigilancia y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores del procedimiento iniciado y de sus resultados, indica.

Se estípula que la fiscalización del Instituto estará a cargo de la Auditoría Superior de la Federación y será competente para revisar la actividad del Instituto como organismo fiscal autónomo, la debida integración y administración de su patrimonio, el ejercicio del presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia, así como del presupuesto de inversión en materia de construcción y administración inmobiliaria.

Los recursos que se destinen a los presupuestos de gastos de administración, operación y vigilancia e inversiones serán considerados recursos públicos para los efectos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación cuando no sean reintegrados a las subcuentas de vivienda de las personas trabajadoras derechohabientes.

En el desarrollo de sus auditorías y en la formulación de sus observaciones y recomendaciones, agrega, la Auditoría Superior de la Federación deberá tener en cuenta el marco legal especial del Instituto, así como los resultados de las revisiones que en el ejercicio de sus funciones realicen los órganos de auditoría y vigilancia en términos de esta Ley.

Precisa que las subcuentas de vivienda y créditos de vivienda de los trabajadores son inviolables y no estarán sujetas a auditoría, revisión o fiscalización alguna.

Reservas

El presidente de la Mesa Directiva, diputado Sergio Gutiérrez Luna, informó que para la discusión en lo particular se presentaron propuestas de modificación a los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 Bis, 22, 23, 24, 25 Bis, 29, 41, 41 Bis, 42, 43 Bis, 44, 47, 51, 51 Ter, 51 Quáter, 51 Quinquies, 63, 64, 66, 66 Bis y 70 de la Ley del Instituto Nacional del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Asimismo, a los artículos 97, 110, 139, 140, 141, 145 y 147 de la Ley Federal del Trabajo, así como a los artículos transitorios Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo, Décimo y Décimo Segundo del proyecto de decreto.

Diputadas y diputados se expresan a favor y en contra de reforma a las leyes del Infonavit y Federal del Trabajo

Diputadas y diputados de los seis grupos parlamentarios plantearon sus posturas a favor y en contra durante la discusión en lo general del dictamen que modifica las leyes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Federal del Trabajo, para establecer un sistema de vivienda con orientación social.

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Primera ronda

El diputado Yerico Abramo Masso (PRI) expresó que 77 millones de cuentas tiene el Infonavit y si bien la reforma, en parte, tiene acciones nobles, hay opacidad en la empresa filial, lo que arriesga cualquier buen deseo de construir vivienda para los que tienen dos salarios mínimos. “Iremos en contra de este dictamen porque traiciona a los trabajadores y al pueblo de México”.

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Carlos Alonso Castillo Pérez, diputado de Morena, aclaró que con esta reforma no se robará el dinero del pueblo; al contrario, garantizará vivienda de bienestar con orientación social.  “Este día no solo se aprobará una reforma que beneficiará a la clase trabajadora, sino que es un cambio profundo de paradigma entre dos visiones de nación que rompe con vicios del pasado”.

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La diputada María Lorena García Jimeno Alcocer, del PAN, reconoció la necesidad de atender la vivienda social, pues hay un rezago de 8 millones. Con esta reforma, la empresa filial perdería su carácter de paraestatal y podrá operar con opacidad, evadir la fiscalización y la transparencia, pero obtendrá beneficios legales y administrativos; es una competencia desleal.

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Para la diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (MC) en México millones de personas aún enfrentan obstáculos para acceder a una vivienda adecuada, pues la sobrerregularización y falta de políticas claras y eficientes han hecho que ese derecho sea cada vez más difícil de alcanzar, cuando la vivienda es el pilar sobre el cual se construye el bienestar de las familias mexicanas.

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El diputado del PRI, Emilio Suárez Licona, afirmó que con el dictamen se pretende con toda claridad dar cauce a la cancelación de la visión del Infonavit; son reformas que surgen en un contexto de improvisación e imposición que implica que el gobierno asuma un papel que no le corresponde en un ánimo de concentración de poder y recursos.

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Carlos Alberto Ulloa Pérez, diputado de Morena, señaló que la reforma garantiza el derecho a la vivienda adecuada y digna para sectores vulnerables, termina con la priorización de inmobiliarias, cuida los ingresos del Infonavit con una administración honesta, evitará el rezago habitacional que afecta a 8.2 millones de hogares y permitirá cancelar deudas de los trabajadores.

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A su vez, el diputado Theodoros Kalionchiz De la Fuente (PAN) destacó que la reforma está llena de mentiras y promesas, siendo el mayor atraco a los trabajadores en la historia del país; representa un retroceso y afecta gravemente a las y los trabajadores mexicanos que han laborado por años para luchar por una vivienda digna.

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Del PT, la diputada Margarita García García aseguró que hoy es una necesidad primordial la vivienda para todas y todos, y la reforma ayudará a que trabajadoras y trabajadores obtengan una como lo establece la Constitución: con accesibilidad, ya sea para renta o compra. “Se acabará con los negocios de inmobiliarias que construyen a precios elevados y créditos bancarios”.

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Por parte del PRI, la diputada Ana Isabel González González consideró que se ataca al ahorro de la clase trabajadora y 2.4 billones de pesos se les quitará a las y los mexicanos que durante años han buscado la oportunidad de contar con un hogar. “No se menciona cómo se utilizará este monto, no existe transparencia ni un proyecto en vivienda”.

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En tanto, la diputada Gabriela Benavides Cobos (PVEM) afirmó que la reforma busca mejorar la vida de millones de mexicanos y mexicanas. “A lo largo de los años, la vivienda digna ha sido más un privilegio para algunos que un derecho fundamental, aun cuando está establecido en la Carta Magna. El costo de la vivienda ha aumentado exponencialmente, haciendo que sea menos accesible para la clase trabajadora”.

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En opinión del diputado José Guillermo Anaya Llamas (PAN) hay coincidencias en mejorar las condiciones y el rezago de la vivienda de interés social para las y los y trabajadores; sin embargo, su grupo parlamentario no puede acompañar el dictamen porque quieren convertir el Infonavit en una empresa inmobiliaria y constructora en la cual habrá corrupción y burocracia por inexperiencia.

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Pedro Miguel Haces Barba, diputado de Morena, afirmó que los trabajadores celebran que haya una empresa filial perteneciente al gobierno “para que se acaben los enjuagues históricos que ha habido entre los sectores y las desarrolladoras”, pues no es posible que se sigan pagando precios estratosféricos por la vivienda en México y se siga construyendo lejos de los centros de trabajos, con hasta 4 horas de tiempo de distancia.

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Segunda ronda

Del PRI, la diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto dijo que la reforma no mejora la vivienda, quita el control de los trabajadores sobre sus aportaciones y las convierte en recursos manejados a discreción por el gobierno, sin rendir cuentas, supervisión ni auditoría; les quita la potestad de elegir su vivienda y les obliga a aceptar condiciones que no se ajustan a sus necesidades.

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El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena) aseveró que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Auditoría Superior de la Federación se harán cargo de cómo se desarrollan las inversiones y cómo se establece la regulación prudencial para garantizar buena práctica en el otorgamiento de créditos y financiamientos.

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Para el diputado Miguel Ángel Salim Alle (PAN) el dictamen busca quitarles sus ahorros a las y los trabajadores. No hay beneficio social, es un saqueo, no se dice cómo se evitará la corrupción, no se asegura que el dinero no termine mal administrado o desaparecido. “Lo único que se quiere es más dinero. No es tema de vivienda sino de control y concentración del poder”.

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La diputada Claudia Gabriela Salas Rodríguez (MC) destacó que apoyar el dictamen no es un cheque en blanco, ya que construir un millón de viviendas representa un reto enorme. Se quieren ciudades de vanguardia, progresistas, de derechos, libertades, desarrollo humano, inversión e innovación, pues de 2023 a 2024 aumentó en 188 por ciento el número de viviendas abandonadas.

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César Alejandro Domínguez Domínguez, diputado del PRI, advirtió que con esta reforma el gobierno busca construir una política pública de vivienda a costa del patrimonio de miles de familias mexicanas; representa un retroceso en la protección de los derechos laborales, ya que los ahorros de las y los trabajadores serán utilizados como un fondo de inversión por el gobierno.

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De Morena, el diputado Antonio Lorenzo Castro Villarreal mencionó que los aumentos salariales sin precedentes del sexenio pasado no alcanzan frente al precio de la vivienda que sube 30 por ciento año con año tanto en la opción de compra como de renta y esta es la realidad de cientos de jóvenes que trabajan, ahorran y sueñan con un techo propio.

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El diputado Ernesto Sánchez Rodríguez (PAN) afirmó que no hay mexicano que no piense en su futuro ni sueñe con uno mejor, pero hoy se quiere arrebatar la esperanza de lograr una casa digna. Pidió que antes que pensar en un interés de partido se piense en los trabajadores, pues la reforma que hoy se vote podrá ser un boomerang perjudicial.

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José Luis Sánchez González, diputado del PT, consideró que la reforma permitirá a un millón de familias acceder a una casa bajo el esquema de arrendamiento con opción a compra, ayudará a cumplir el propósito de garantizar el derecho a la vivienda y llevar “aire puro” al Infonavit, que abdicó de su misión de construir vivienda, adoptó prácticas de la banca comercial y fue permeado por la corrupción.

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La diputada del PRI, Ariana del Rocío Rejón Lara, se manifestó en contra del dictamen, al afirmar que se quieren robar los ahorros y el dinero de las y los trabajadores, cuyo patrimonio “estará sujeto a las decisiones del gobierno y se quiere vender la idea que se hace lo correcto, pero no es así”.

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Con la reforma, afirmó la diputada Claudia Sánchez Juárez (PVEM), se beneficiará a las más de 14 millones de familias mexicanas que no tienen los medios económicos para comprar o construir su hogar; por ello, son indispensables para abonar al bienestar de las y los trabajadores mexicanos, redistribuir la riqueza social y asegurar un mecanismo de corrección de desigualdades,

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La diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) expuso que los 2.4 billones de pesos que están en juego con la reforma es una cantidad importante. “Ahora quieren poner este dinero de las y los trabajadores en manos de defraudadores, por lo que esta vivienda digna ni siquiera está segura”.

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El diputado Jesús Valdés Peña (Morena) señaló que la vivienda no debe ser vista como un mecanismo financiero al alcance de unos pocos, sino como una visión de Estado a favor del bienestar de las familias para crear oportunidades reales que permitan su desarrollo en diferentes ámbitos.

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Tercera ronda

Humberto Ambriz Delgadillo, diputado del PRI, indicó que de aprobarse esta reforma lo que pasará en los próximos días será el desmantelamiento del Infonavit y conducirá a su quiebra, lo cual perjudicará a todas y todos los trabajadores del país. “Reiteramos nuestro compromiso con el trabajo y ahorro de miles de familias quienes han depositado sus sueños y proyectos en esta institución”.

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El diputado Arturo Olivares Cerda (Morena) afirmó que con los cambios legales se avanza hacia la consolidación de un sistema de vivienda justo, accesible y flexible; buscan evitar que las y los trabajadores se conviertan en eternos pagadores de créditos hipotecarios, impulsan la transparencia en el manejo de sus recursos, sin opacidad, y cierran el paso a la corrupción en los procesos de adquisición.

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El diputado del PAN, Omar Antonio Borboa Becerra, anunció su voto en contra por considerar que lo que se busca es apropiarse del dinero de las y los trabajadores, de sus ahorros y de sus subcuentas. La supuesta construcción de las viviendas “es una mentira; el Infonavit no está para controlar dónde vivimos y qué se va a comprar, sino está para dar créditos. Los recursos serán mal administrados”.

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Patricia Flores Elizondo, diputada de MC, dijo estar a favor de la vivienda social y no de quien sin autorización use el dinero de las y los trabajadores de México. Sí a una vivienda para las y los jóvenes, no a una empresa filial que habrá de regirse con legislación mercantil sin transparencia ni rendición de cuentas. “Votaremos a favor, pero no dejaremos de hablar de lo que no se corrigió”.

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La diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, del PRI, hizo notar que la reforma pone en riesgo todos los proyectos inconclusos, pues “mientras se discute el dictamen hay quienes ya están haciendo largas filas en el Zócalo para acrecentar más la bolsa de vivienda que tienen en el Invi, con más de 50 mil personas en espera”.

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De Morena, la diputada Rosa Margarita Graniel Zenteno puntualizó que la modificación busca construir un millón de viviendas a bajo costo, para garantizar un techo digno a las familias mexicanas. “La reforma plantea que el Infonavit establezca un sistema con orientación social y permita a los trabajadores una vivienda a crédito barato y suficiente para su adquisición o mejora”.

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Para la diputada Verónica Pérez Herrera (PAN) los ahorros de los trabajadores son sagrados y nadie los debe tocar. “Por ello, vamos a defender su esfuerzo, patrimonio y derechos porque México merece un gobierno que respete a su gente, valore su trabajo y proteja lo que con tanto sacrificio han construido”.

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El diputado Pedro Vázquez González (PT) aseveró que la reforma es un golpe contra la corrupción de empresas con desmedidos negocios y ganancia con carteras vencidas, y constituye un avance significativo hacia la justicia social y el bienestar de las familias mexicanas, pues se transforma de un sistema de financiamiento a otro de vivienda con orientación social.

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Laura Ivonne Ruíz Moreno, diputada del PRI, expuso que el dictamen tiene puntos críticos que no se pueden ignorar; simula la participación tripartita rompiendo el equilibrio entre trabajadores, patrones y gobierno, concentra el poder en manos del director general, y propone crear una empresa constructora sin controles ni auditorías.

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A su vez, el diputado Manuel Alejandro Cota Cárdenas (PVEM) indicó que esta es una reforma necesaria y una respuesta a una generación que clama por oportunidades reales de independencia, estabilidad y progreso para millones de jóvenes.  “El derecho a la vivienda debe ser un derecho efectivo y no un privilegio de unos cuantos”.

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Del PAN, el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño señaló que buscan apropiarse del dinero de la subcuenta de vivienda de los trabajadores y socavar los mecanismos de vigilancia y contrapesos del Instituto para eliminarlos. “Descubrieron la subcuenta, pero se les olvida que eso no es dinero público, es de las y los trabajadores para que tengan una vivienda digna”.

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El diputado Alejandro Carvajal Hidalgo (Morena) puntualizó que la reforma no solo implica modificar artículos o disposiciones legales, sino crear un nuevo modelo de vivienda en México para las y los trabajadores, dejando atrás un sistema de adeudos a millones de trabajadores; “un modelo que vaya por los que menos tienen y que dé acceso a una casa”.