Con 71 votos a favor y 21 en contra, el Senado de la República aprobó la reforma que elimina al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y transfiere sus facultades a la recién creada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. La iniciativa, impulsada por Morena y sus aliados, establece el órgano administrativo “Transparencia para el Pueblo”, que será el encargado de garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales.

La medida fue rechazada por la oposición, que argumentó que concentrará el control de la transparencia en el gobierno federal, permitiéndole decidir qué información se divulga y qué se oculta. Durante el debate, legisladores de Morena defendieron la desaparición del INAI bajo el argumento de que era un organismo costoso y politizado.

“No olvidamos los perfiles de los consejeros que pasaron por el INAI y que luego buscaron cargos políticos. Se acabó el uso de la transparencia como trampolín partidista”, declaró la senadora morenista Laura Itzel Castillo Juárez, recordando el caso de Ximena Puente, exconsejera del INAI que posteriormente se postuló por el PRI.

El oficialismo también sostuvo que la reforma reducirá gastos operativos y que la nueva Secretaría garantizará el acceso a la información sin la burocracia del pasado.

Por su parte, los senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano manifestaron su preocupación por el impacto que esta reforma tendrá en el derecho de acceso a la información. Advirtieron que se trata de un retroceso en materia de rendición de cuentas y que favorecerá la opacidad gubernamental.

El senador Daniel Barreda, de Movimiento Ciudadano, criticó la forma en que se aprobó la iniciativa, asegurando que se ignoró la participación de las comisiones especializadas.

“¿Para qué queremos un Senado robusto si se atropella su propio reglamento? Esto sienta un pésimo precedente”, denunció.

La panista Imelda Sanmiguel Sánchez alertó que la nueva ley permitirá al gobierno ocultar información a conveniencia.

“El artículo 112 establece que el gobierno podrá reservar información cuando considere que su divulgación causaría más daño que beneficio. ¿Quién decidirá qué es de interés público? El mismo gobierno, de manera arbitraria”, advirtió.

Sanmiguel también señaló que la reforma permitirá mantener en secreto proyectos polémicos, como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), aunque haya irregularidades o presuntos actos de corrupción.

Con la aprobación en el Senado, la reforma será enviada a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual ratificación. Mientras Morena insiste en que la medida modernizará la transparencia en México, la oposición advierte que es un golpe a la rendición de cuentas y que el acceso a la información quedará bajo control del gobierno.

Fuente: OEM