+ Artículo 19 en la presentación de su informe destacó que habrá con las modificaciones legales y la desaparición del INAI una barrera informativa que controlará el Gobierno Federal.
Ciudad de México
10/04/2025
En Barreras Informativas también se destaca la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) como un golpe histórico contra la rendición de cuentas y la apertura gubernamental.
De acuerdo con la organización, la reforma que eliminó al INAI no fue transparente ni dialogada, y se realizó bajo acusaciones arbitrarias de corrupción, fragmentación de poder y austeridad, a pesar de que el organismo sólo representaba el 0.01% del gasto público federal.
Asimismo, la falta de claridad sobre los órganos de gobierno que asumirán las distintas funciones del INAI puede abrir la puerta a un caos institucional que dificulte el cumplimiento de las solicitudes de información.
A esto se suma la incertidumbre sobre la gestión de la Plataforma Nacional de Transparencia, que, para el cierre de 2024, llegó a albergar 14,000 millones de archivos y solicitudes a sujetos obligados que hoy se encuentran en riesgo de desaparecer.
Digitalización y vigilancia impulsan el poder sobre la información
En su informe anual, ARTICLE 19 también habla sobre el sistema de vigilancia y control informativo que el Estado ha impulsado bajo un mensaje de modernización, eficiencia y cercanía.
A pesar de esto, se registran varios ejemplos recientes sobre la poca solidez que existe en torno a la digitalización gubernamental, como el mal funcionamiento de CompraNet, el fracaso en la implementación logística de programas locales de vacunación y la deficiencia operativa de varios sitios de instituciones públicas.
Si bien la organización respalda la apuesta por cerrar la brecha digital y garantizar la inclusión social a través del acceso al internet y a diferentes plataformas, señala que persiste un gran reto en materia de protección a la privacidad.
Como ejemplo, está el abuso documentado de tecnologías emergentes por parte del gobierno, como la recolección de datos biométricos y la compra de tecnologías de vigilancia invasoras por parte de órganos como el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Fiscalía General de la República (FGR), que se han realizado sin licitación y sin supervisión.
En este conexto, se suma a la preocupación por la aprobación de las últimas dos reformas en materia de seguridad pública, que amenazan gravemente la privacidad y los derechos de la población, con la creación de una plataforma digital de usuarios de telefonía móvil.
Transición al olvido y normalización de la tragedia
ARTICLE 19 también da cuenta sobre el tratamiento oficial que el gobierno ha dado a la memoria histórica, con omisiones preocupantes frente al papel del Estado en diversos casos registrados de abuso y violaciones de derechos humanos.
Como ejemplo, se señala la disculpa pública realizada por Claudia Sheinbaum respecto al 2 de octubre de 1968, que, si bien marcó un hito en el discurso gubernamental, exime al Estado Mexicano de las décadas de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales perpetradas antes y después de la masacre.
De acuerdo con el informe, tampoco se reconoce la continuidad de estas prácticas en la actualidad, en un contexto donde más de 124,000 personas siguen desaparecidas y más de 72,000 cuerpos permanecen sin identificar en instalaciones forenses.
Al respecto, la organización señala su preocupación frente a la falta de compromiso con la justicia y el desdén a las víctimas que ha promovido el gobierno mexicano en los últimos años. Como ejemplos, están las descalificaciones a las víctimas y la censura de archivos clave en el Caso Ayotzinapa y la reciente minimización del Caso Teuchitlán.
Por ello, hace un llamado al diálogo con los colectivos de personas buscadoras y familiares de personas desaparecidas, para que, a partir de un diagnóstico crítico, se puedan construir soluciones integrales a la crisis.
Incertidumbre institucional
La última barrera señalada en el informe es el debilitamiento sistemático de las instituciones encargadas de garantizar la justicia y proteger los derechos humanos. Estos órganos operan con presupuestos mínimos, estructuras burocráticas e ineficaces y, en muchas ocasiones, complicidades que obstaculizan la procuración de justicia.
En este sentido, destaca que la FEADLE sólo abrió 84 investigaciones en 2024, dejando cientos de agresiones en manos de las fiscalías locales, a menudo capturadas por políticos y por el crimen organizado. Asimismo, señaló que la FEADLE actualmente opera con un presupuesto anual de apenas $18.6 millones de pesos, que representa menos del 0.1% del presupuesto total de la Fiscalía General de la República (FGR).
A nivel nacional, el gasto en protección de víctimas, acceso a la justicia y derechos humanos fue inferior al 1.5% del presupuesto federal, al tiempo que el Ejército continúa recibiendo asignaciones, recursos y atribuciones por parte del Estado.
Mesa de Debate
Posterior a la presentación del informe, ARTICLE 19 organizó un panel de debate con diferentes integrantes de la organización moderado por la periodista Elia Almanza.
El informe completo está disponible para consulta en: https://articulo19.org/barrerasinformativas/
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