En medio de un panorama internacional marcado por la creciente tensión migratoria entre México y Estados Unidos, la investigadora Ana Elizabeth Jardón Hernández, del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), hace un llamado urgente a reforzar el Modelo Mexicano de Movilidad Humana. En su reciente artículo “Complejidad migratoria”, publicado en la Revista Universitaria, la académica advierte que el actual contexto geopolítico representa una amenaza directa a los derechos de las personas migrantes y exige respuestas articuladas desde el Estado mexicano.

Jardón Hernández señala que el endurecimiento de políticas migratorias en Estados Unidos, así como la proliferación de discursos de odio, han colocado a los migrantes —especialmente a los indocumentados— en una posición de extrema vulnerabilidad. Por ello, considera prioritario fortalecer una estrategia nacional basada en cuatro pilares, cuyo eje central es la defensa de los derechos humanos y la dignidad de quienes se ven obligados a abandonar sus lugares de origen.

Uno de los pilares fundamentales del modelo es la regularización migratoria, en especial para aquellos mexicanos que viven en Estados Unidos sin documentos. “La criminalización de la migración ha dejado de ser una excepción para convertirse en la norma”, advierte la investigadora. En muchos casos, los procesos de deportación o retorno forzado concluyen con una narrativa que estigmatiza al migrante como criminal o fracasado, perpetuando un imaginario colectivo que obstaculiza la integración y la empatía social.

En ese sentido, otro de los pilares destacados por Jardón Hernández es la visibilización de las personas migrantes como sujetos de derechos. La académica propone romper con los estereotipos que invisibilizan o reducen la experiencia migrante a cifras o escándalos mediáticos. Visibilizar implica reconocer las historias, los aportes y las condiciones de vida de quienes se ven obligados a migrar, muchas veces empujados por factores estructurales como la pobreza, la inseguridad o la desigualdad.

Estos factores regionales, subraya la investigadora, deben ser atendidos con políticas públicas que se enfoquen en el desarrollo local y la prevención de la migración forzada. Para ello, propone la creación de centros integrales de apoyo para migrantes y refugiados, donde se ofrezcan servicios de documentación, empleo, asistencia jurídica, protección social y apoyo psicosocial. Estos espacios serían clave no solo para atender a los migrantes en tránsito o retorno, sino también para fomentar una cultura de inclusión y corresponsabilidad comunitaria.

No obstante, Jardón Hernández advierte que la implementación efectiva de este modelo requiere cooperación internacional, así como la asignación de un presupuesto específico y sostenido. México no puede ni debe enfrentar la complejidad del fenómeno migratorio de manera aislada. Es indispensable establecer alianzas con organismos internacionales, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil para garantizar una gestión humanitaria de las migraciones.

Finalmente, la académica hace énfasis en el papel transformador de la sociedad. “La gestión humanitaria de las migraciones requiere de sociedades hospitalarias, empáticas y solidarias”, afirma. Romper con las prácticas discriminatorias y xenófobas, fomentar una cultura de derechos humanos y construir puentes en lugar de muros, son pasos esenciales hacia una política migratoria verdaderamente justa.

El artículo completo “Complejidad migratoria” puede consultarse en la Revista Universitaria de la UAEMéx, a través del siguiente enlace: https://revistauniversitaria.uaemex.mx/article/view/24026/19038