Durante el primero de los conversatorios legislativos sobre la iniciativa presidencial en materia de telecomunicaciones y radiodifusión —calificada por el PRI como una ley censura—, las senadoras priistas Carolina Viggiano Austria y Claudia Anaya Mota advirtieron que el proyecto concentra el control del espectro, restringe libertades y elimina contrapesos, mientras el gobierno evade el debate y simula diálogo.

Carolina Viggiano cuestionó con firmeza la ausencia de José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y responsable directo de la propuesta, al señalar que el debate carece de legitimidad sin su presencia. Recordó que este tipo de ejercicios ya se han intentado en otras ocasiones sin éxito, y subrayó que el conversatorio debería realizarse con la contraparte presente.

La senadora priista criticó tanto el fondo como la forma de la iniciativa, al denunciar que se trata de una imposición unilateral que vulnera derechos fundamentales. Cuestionó la desaparición de organismos como el INAI y el IFT, y alertó sobre el regreso del Estado como ente dominante en los medios, lo que afectaría directamente a los medios independientes, a la libertad de expresión y a los consumidores.

Claudia Anaya, por su parte, denunció que el Ejecutivo utiliza a ALTÁN —una red mayorista creada para llevar internet a zonas marginadas y hoy controlada por CFE— para incursionar en el mercado comercial sin licitación ni pago de espectro, compitiendo en condiciones desleales. “¿No está generando una distorsión en el mercado el hecho de que CFE, a través de ALTÁN, está vendiendo internet al público?”, cuestionó.

Señaló que esta operación contradice el carácter estratégico y exclusivo que la Constitución otorga al internet proporcionado por el Estado, y acusó al gobierno de absorber facultades regulatorias que antes correspondían al IFT. “La agencia reguladora es parte del Ejecutivo, que también es dueño del espectro y ahora pretende usarlo con fines comerciales”, advirtió.

Con rigor técnico y sin tintes partidistas, especialistas respaldaron al PRI al advertir que la iniciativa presidencial es un grave retroceso para la democracia, la libertad de expresión y la autonomía institucional. Medios independientes, organizaciones civiles y académicos coincidieron con las senadoras priistas en que se trata de un proyecto para concentrar el poder en el Ejecutivo, desmantelar contrapesos y reducir la diversidad informativa a una sola voz del poder.

El diagnóstico fue claro: legaliza la censura, excluye a voces críticas y elimina el pluralismo. Advirtieron que los medios comunitarios quedarían marginados por exigencias económicas imposibles, mientras el gobierno acapararía el espectro, las concesiones y las políticas de conectividad sin rendición de cuentas. Lejos de modernizar, esta reforma silencia, somete y concentra.