Por: Fernando Moctezuma Ojeda – @FerMoctezumaO

En el entramado de la política y los negocios, Carlos Slim y su empresa, América Móvil, han puesto en marcha una estrategia para influir en el Senado y modificar la Ley Telecom. Su objetivo: lograr que la empresa deje de ser clasificada como agente preponderante, un título que impone regulaciones estrictas y que, de eliminarse, le permitiría expandir sus operaciones en mercados estratégicos como Monterrey y Guadalajara. 

Figuras como Daniel Bernal, directivo de América Móvil, y dirigentes sindicales cercanos a la familia Slim, como Rafael Marino y Mario Berganza, dejaron entrever esta intención durante sus intervenciones en el Senado. A ellos se sumaron analistas como Jorge Negrete y Jorge Bravo, quienes, bajo una aparente independencia, abogaron por un cambio en la medición de la preponderancia. Este ajuste beneficiaría directamente a Slim, permitiéndole sortear restricciones actuales y consolidar su dominio en regiones donde su presencia aún no es absoluta.

La maniobra no es nueva. Slim lleva años buscando liberarse de las regulaciones que lo identifican como un actor dominante en el sector, un mercado que muchos critican por su estructura oligopólica, con paralelismos inquietantes… De lograrlo, América Móvil podría no solo crecer en cobertura, sino también incursionar en la oferta de contenidos, un terreno que le está vedado actualmente y que el magnate ha señalado como una prioridad.

La sintonía entre Slim y el gobierno es un factor que no puede pasarse por alto. Hace tres semanas, el aniversario de la tragedia de la Línea 12 —donde sus empresas estuvieron involucradas— quedó opacado por la designación del nuevo titular del Metro y el Fobaproa. Este tipo de distracciones sugiere una habilidad para manejar la narrativa, un recurso que podría estar al servicio de sus intereses.

A esto se suma la posibilidad de que Slim incremente sus negocios con Pemex, una empresa en una situación crítica tras años de mala gestión. Mientras el fondo soberano noruego anuncia su desinversión, la incursión de Slim podría interpretarse como un guiño al gobierno, fortaleciendo aún más su posición en las negociaciones con el poder político. Sin embargo, esta cercanía también despierta interrogantes sobre hasta qué punto los intereses privados están moldeando las decisiones públicas.

Si logra su objetivo, las consecuencias para el sector serían significativas. Liberada de las restricciones de preponderancia, la empresa podría consolidar aún más su dominio, reduciendo la competencia en un mercado ya de por sí concentrado. Para los consumidores, esto podría traducirse en precios más altos y menos opciones.

La polémica en torno a la Ley Telecom ha generado malestar entre el empresariado, y Slim parece dispuesto a aprovechar la tensión para avanzar su agenda. Su doble propósito —libertad regulatoria y expansión hacia contenidos— podría reconfigurar el panorama, pero no necesariamente en beneficio del interés público.

En medio de estas maniobras, Slim ha intentado desvincular su patrimonio de sus relaciones políticas mediante un discurso público que busca proyectar una imagen de neutralidad. Sin embargo, esta narrativa tambalea tras la intervención del Premio Nobel James Robinson en la Convención Bancaria de la semana pasada. Robinson, sin rodeos, calificó a Slim como el arquetipo del empresario prebendario, un señalamiento que resuena con fuerza y que pone en duda la transparencia de sus prácticas.

El intento de Slim por moldear la Ley Telecom a su favor es un recordatorio de cómo los intereses corporativos pueden buscar influir en las políticas públicas. El Senado tiene ante sí una decisión crucial: ceder a estas presiones podría sentar un precedente peligroso, no solo para las telecomunicaciones, sino para la integridad del sistema político y económico del país. Es imperativo que los legisladores actúen con prudencia, priorizando la competencia, la transparencia y el beneficio de los ciudadanos por encima de los intereses de un solo jugador.