El senador Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, presentó en el Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional con el objetivo de incorporar el reconocimiento explícito de los derechos de las generaciones futuras en la Carta Magna.

La propuesta busca establecer un marco normativo que obligue al Estado a tomar decisiones con una visión de largo plazo, perspectiva de justicia intergeneracional y sentido de corresponsabilidad, asegurando que las políticas públicas consideren su impacto en quienes aún no han nacido.

Fundamentos de la iniciativa

Moreno destacó que las generaciones futuras no tienen voz en los procesos políticos actuales, aunque serán las principales afectadas por las decisiones gubernamentales. Por ello, consideró fundamental garantizar sus derechos desde el presente.

El legislador advirtió que los desafíos actuales, como el cambio climático, desigualdades profundas y avances tecnológicos acelerados, requieren políticas que trasciendan generaciones y que eviten la toma de decisiones cortoplacistas.

Reformas propuestas

La iniciativa busca modificar y adicionar los artículos 4, 25 y 73 de la Constitución para garantizar la protección de las futuras generaciones:

  • Artículo 4: Incluir el derecho a que las decisiones públicas sean adoptadas con perspectiva intergeneracional, tomando en cuenta su impacto en el bienestar de las futuras generaciones.
  • Artículo 25: Establecer que el desarrollo nacional debe garantizar no solo la libertad y dignidad de los ciudadanos actuales, sino también de las generaciones futuras.
  • Artículo 73: Otorgar al Congreso de la Unión la facultad de expedir una ley general para la protección de los derechos de las generaciones futuras.

Impacto y alcances

Moreno enfatizó que el reconocimiento constitucional de estos derechos busca consolidar una política pública responsable y sostenible, donde el Estado tenga la obligación de considerar los efectos a largo plazo de sus decisiones.

La iniciativa será analizada en el Congreso, donde se debatirá la viabilidad de su implementación y el alcance que tendrá en la legislación mexicana.