Ciudad de México, 31 de mayo de 2025—La senadora Claudia Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una proposición con Punto de Acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con el fin de exhortar a las autoridades financieras a establecer lineamientos obligatorios que garanticen una atención digna y accesible para las personas adultas mayores con problemas de movilidad.

En su propuesta, la legisladora denunció casos en los que bancos exigieron la presencia física de personas de entre 75 y 96 años, a pesar de que muchas se encuentran en estado de salud crítico y requieren traslados en camilla o ambulancia para realizar trámites esenciales como el cobro de pensiones o la reactivación de cuentas. Esta práctica, señaló, vulnera derechos fundamentales como la certeza jurídica, el trato igualitario y el acceso efectivo a servicios esenciales.

Casos documentados y afectaciones

La senadora detalló múltiples incidentes en entidades como Baja California, Tamaulipas, Ciudad de México, San Luis Potosí y Oaxaca, donde familias han tenido que movilizar a sus adultos mayores postrados para cumplir con requisitos bancarios que podrían ser simplificados o gestionados de manera remota.

Si bien la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) ha emitido principios orientadores para mejorar la atención a este sector, sus disposiciones no son obligatorias ni uniformemente aplicadas por las instituciones financieras, lo que deja a miles de personas vulnerables ante trámites engorrosos y poco accesibles.

Propuesta para garantizar accesibilidad

Ante esta problemática, Anaya Mota pidió que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la CONDUSEF emitan protocolos y reglas de carácter obligatorio que permitan a los adultos mayores con movilidad reducida acceder a servicios financieros sin arriesgar su salud ni su dignidad. Subrayó que es responsabilidad de las entidades bancarias adaptar sus procesos para ofrecer alternativas accesibles, como trámites digitales, atención especializada y esquemas flexibles para estos casos.

La legisladora insistió en que los adultos mayores deben contar con garantías suficientes para ejercer sus derechos financieros sin obstáculos ni condiciones inhumanas, y exigió que las autoridades tomen medidas urgentes para corregir estas prácticas. Su propuesta pretende fortalecer la protección de los sectores vulnerables y asegurar que la banca implemente un servicio más inclusivo y respetuoso.