El Congreso del Estado de México busca endurecer las sanciones contra el robo de agua potable, conocido como “huachicoleo”, al considerarlo un delito grave y perseguible de oficio. Legisladores de Morena, PVEM, PT y PAN respaldaron iniciativas que proponen penas de hasta 30 años de prisión y multas millonarias para quienes sustraigan el recurso sin autorización.

Las propuestas serán enriquecidas con aportaciones del gobierno estatal, municipios y la Comisión de Derechos Humanos. Parlamentarios destacaron la urgente necesidad de frenar la impunidad, ya que se estima que el 40% del agua potable en la entidad es robada a través de tomas clandestinas o pozos irregulares.

La diputada Zaira Cedillo (Morena) y la legisladora Miriam Silva Mata (PVEM) coincidieron en la importancia de tipificar la extracción ilegal del agua con fines de lucro como delito grave, permitiendo su persecución sin necesidad de denuncia previa. Además, se contemplan sanciones proporcionales al daño causado a la población.

Ante la falta de suministro en zonas marginadas y hospitales, congresistas instaron a fortalecer el marco jurídico para garantizar el acceso equitativo al agua. Iniciativas similares ya han sido aprobadas en otros estados como Nuevo León, Jalisco, Sonora y la Ciudad de México.