El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, presentó en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Secretaría de Energía a reevaluar el programa Gas Bienestar, al que calificaron como ineficiente, riesgoso y financieramente insostenible.

Los legisladores priistas denunciaron que el proyecto, lanzado en 2021 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha fracasado en sus objetivos sociales y económicos, operando con pérdidas desde su creación y dependiendo de subsidios públicos para mantenerse activo. De acuerdo con reportes oficiales, Gas Bienestar no ha generado utilidades netas en sus primeros cuatro años de operación. Sus ingresos cayeron de 254 millones de pesos en 2022 a solo 174 millones en 2024, mientras que se han gastado más de 1,300 millones de pesos en la compra de cilindros y cientos de millones más en reparaciones por fallas de calidad.

Además del impacto financiero, los senadores señalaron que el programa ha tenido un alcance social limitado. La cobertura de Gas Bienestar sigue restringida a nueve alcaldías de la Ciudad de México, a pesar de que originalmente se prometió una expansión nacional. Advirtieron que este nivel de alcance no justifica el gasto acumulado de miles de millones de pesos, sobre todo considerando que el 76 por ciento de los hogares en México dependen del gas LP.

Otro aspecto preocupante es la seguridad. Los senadores del PRI mencionaron el caso de una mujer que perdió la vida debido a la explosión de un tanque defectuoso en la alcaldía Gustavo A. Madero, lo que evidencia deficiencias en los controles de calidad del programa.

Desde el punto de vista económico, la bancada del PRI acusó que Gas Bienestar ha distorsionado el mercado mediante competencia desleal. Señalaron que distribuidores privados de gas LP han denunciado hostigamiento regulatorio, bloqueos logísticos e inspecciones arbitrarias, afectando la inversión privada en el sector.

Ante estas irregularidades, los senadores del PRI plantearon cinco acciones concretas para evaluar el programa:

  1. Una revisión profunda para determinar su viabilidad.
  2. Un informe público de Pemex sobre costos, subsidios, ingresos y accidentes relacionados.
  3. Un diagnóstico de la Secretaría de Energía sobre el impacto del programa en la competencia del sector.
  4. Una auditoría de desempeño y legalidad por parte de la Auditoría Superior de la Federación.
  5. La comparecencia ante el Congreso de Luz Elena González Escobar, titular de la SENER; Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex; y Gustavo Álvarez Velásquez, director de Gas Bienestar.

La iniciativa, fechada el 4 de junio de 2025, fue firmada por varios senadores priistas, quienes reiteraron su exigencia de transparencia y rendición de cuentas en torno a este programa.