La Comisión de Movilidad, presidida por la diputada Patricia Mercado Castro (MC), aprobó con 18 votos a favor el dictamen que adiciona los artículos 3 y 7 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, incorporando la definición de electromovilidad y sumando a las secretarías de Energía y Medio Ambiente al Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial.

La electromovilidad se define como los sistemas de transporte terrestre que utilizan vehículos eléctricos o híbridos, alimentados por sistemas de suministro eléctrico, para el traslado de personas o bienes.

Mercado Castro destacó que la discusión se había aplazado para esperar la aprobación del nuevo marco jurídico en materia energética, con el objetivo de armonizar la legislación y garantizar la congruencia con la Ley del Sector Eléctrico, que introduce el concepto de electromovilidad.

El diputado Homero Ricardo Niño de Rivera Vela (PAN), promovente de la iniciativa, subrayó que la movilidad y el transporte son factores clave en la crisis ambiental, ya que muchas ciudades del país exceden las normas ambientales, atribuyendo gran parte de la contaminación al sector transporte.

Además, recordó que desde 2003 se ha trabajado en la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, impulsando la transición hacia transporte público eléctrico y el desarrollo de infraestructura para electromovilidad en México.

Avances en la armonización legislativa

La Comisión también aprobó con 17 votos a favor su opinión en sentido positivo sobre la iniciativa que reforma la Ley del Registro Público Vehicular, presentada por la diputada Nancy Aracely Olguín Díaz (PAN), para alinearla con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

Mercado Castro enfatizó que la adecuación de esta ley permitirá fortalecer el control vehicular, la prevención del delito y la seguridad vial, asegurando la integridad y actualización de la información vehicular.

Finalmente, Olguín Díaz destacó la importancia de contar con un Registro homologado y único, accesible para los tres niveles de gobierno, con el fin de robustecer las políticas públicas en materia de movilidad y seguridad vial.