Ciudad de México, 18 de junio de 2025 — Las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado aprobaron, con el respaldo de Morena y sus aliados, una polémica reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado, que amplía los alcances de vigilancia del Estado mexicano sobre servidores públicos y organizaciones civiles.

El dictamen, que también modifica los artículos 11 Bis y 400 Bis del Código Penal Federal, incluye por primera vez el monitoreo como Personas Políticamente Expuestas (PEP) a sindicatos, colegios de profesionistas, iglesias, partidos políticos, órganos autónomos, legisladores, jueces, fiscales, policías, secretarios de Estado y funcionarios de los tres poderes y niveles de gobierno.

La reforma otorga a la Secretaría de Hacienda y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) facultades para solicitar información patrimonial y financiera sin necesidad de orden judicial, además de mantener un listado nominativo de las personas clasificadas como PEP.

Las dependencias públicas estarán obligadas a enviar sus listados a Hacienda, y deberán implementar mecanismos internos para detectar operaciones sospechosas en sectores de actividad vulnerable, como casinos, bienes raíces, joyerías, arte, donaciones y préstamos.

El senador morenista Javier Corral defendió el dictamen como una forma de cumplir compromisos internacionales con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), garantizar la integridad del sistema financiero y prevenir el lavado de dinero.

Sin embargo, legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano alertaron sobre los riesgos de violación a los derechos fundamentales y uso político del sistema de vigilancia.

El priista Manuel Añorve advirtió que el gobierno acumula “superpoderes” para actuar sin control judicial: “Esto se convierte como en Venezuela, en una justicia financiera a modo del gobierno. Es una persecución disfrazada.”

La senadora Alejandra Barrales denunció que se da acceso absoluto a datos personales y financieros sin intervención judicial. Guadalupe Murguía cuestionó la ambigüedad en la definición de PEP y la carga operativa impuesta a las empresas. Carolina Viggiano alertó sobre la participación de la Guardia Nacional sin supervisión judicial y afirmó: “Pareciera que vamos rumbo a un ‘Big Brother’ en donde nadie sabe quién tiene tus datos”.

La reforma será enviada al pleno del Senado para su discusión en un periodo extraordinario aún por definirse.