Ciudad de México, 24 de junio de 2025 — Con el respaldo de todas las bancadas, la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 191 de la Ley del Seguro Social que regula los retiros parciales por desempleo de las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. El objetivo: proteger el ahorro de los trabajadores y cerrar la puerta a fraudes y abusos que han erosionado el sistema de pensiones.
“Si no detenemos esto, millones de trabajadores no tendrán derecho a la pensión”, advirtió el diputado Alejandro Carvajal (Morena), al denunciar que más de 8 mil millones de pesos fueron retirados en los primeros cinco meses de 2025, el 70% de ellos de forma fraudulenta.
Un nuevo candado contra los “coyotes”
La reforma establece que el cálculo del retiro se hará con base en el salario promedio de las últimas 52 semanas, y no solo del último día trabajado, para evitar manipulaciones. También se endurecen los requisitos de antigüedad y cotización, y se eliminan vacíos legales que eran aprovechados por gestores externos para inflar salarios y facilitar retiros ilegítimos.
“Esta reforma no es para quitar derechos, sino para protegerlos”, afirmó la diputada Mariana Jiménez (PAN), quien calificó la medida como un avance técnico y humano.
Un paso, pero no el destino final
Aunque el dictamen fue respaldado por Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y MC, varias voces coincidieron en que aún falta crear un seguro de desempleo nacional, permanente y con visión de Estado.
“No debe usarse el fracaso del sistema de pensiones para justificar un seguro improvisado y clientelar”, advirtió el diputado Luis Gerardo Sánchez (PRI).
Desde Movimiento Ciudadano, la diputada Patricia Mercado subrayó que el retiro de recursos debe ser la última opción, ya que afecta a los sectores más vulnerables que tienen menos ahorros y herencias.
¿Qué sigue?
El dictamen fue turnado al Senado para su revisión. De aprobarse, el IMSS y la CONSAR tendrán 180 días para implementar los cambios operativos. La reforma busca garantizar que los retiros por desempleo sean seguros, transparentes y no comprometan el futuro pensional de los trabajadores.

