Toluca, Estado de México, 24 de junio de 2025 — La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado de México aprobó reformas al Código Penal para castigar el delito de despojo con penas de hasta 25 años y seis meses de prisión, además de mil 500 días de multa, cuando exista dolo y participación de autoridades, notarios o servidores públicos. La medida, impulsada por diputados de Morena y de Movimiento Ciudadano, busca frenar la participación de redes delictivas e institucionales en actos de despojo de bienes inmuebles y evitar casos extremos como el de la señora Carlota “N”, una mujer de 74 años que en abril pasado cometió homicidio al intentar recuperar una propiedad en Chalco.

El dictamen aprobado conjunta las iniciativas presentadas por los diputados Octavio Martínez Vargas y José Miguel Gutiérrez Morales (Morena), así como por la bancada de MC, y contempla agravantes cuando se empleen documentos falsos, se suplante al propietario o se inscriban actos traslativos de dominio en el IFREM de manera fraudulenta. También se considera agravante cuando participe dolosamente una persona notaria, cuando el delito se cometa con violencia física o moral, o con el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias para encubrir el despojo. De igual forma, se contemplan penas más altas si la víctima es un adulto mayor, menor de edad, persona con discapacidad, mujer embarazada o integrante de un pueblo o comunidad indígena.

Las reformas también actualizan la definición legal del delito de despojo como la acción de impedir materialmente el disfrute de un inmueble ajeno, con sanciones de cinco a 10 años de cárcel. Se incluyen como delitos el desvío ilegal de aguas, el ejercicio de derechos reales sobre aguas ajenas, o cualquier acción que afecte derechos legítimos de aprovechamiento hídrico. Cuando el acto recaiga sobre un predio declarado área natural protegida por el Ejecutivo estatal, las penas alcanzarán de siete a 12 años de prisión.

Durante la discusión, legisladores como Vladimir Hernández Villegas (Morena), Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) y Ruth Salinas Reyes (MC) subrayaron que la reforma busca impedir más tragedias como la de la señora Carlota. Octavio Martínez advirtió que el despojo está relacionado con el crimen organizado, mientras que Selina Trujillo Arizmendi (Morena) y otros legisladores pidieron revisar la actuación de la Fiscalía General de Justicia del Estado para garantizar que las nuevas penas sean efectivas.

En la misma sesión, se rechazaron propuestas para cambiar el lenguaje del dictamen: Miriam Silva Mata (PVEM) planteó sustituir el término “persona gestante” por “mujer embarazada”, y Ruth Salinas pidió que se considerara como agravante el despojo contra cualquier mujer. Sin embargo, la diputada Yesica Yanet Rojas Hernández (Morena) defendió el texto original, argumentando que ya incluye agravantes específicas en los casos mencionados.