Ciudad de México, 25 de junio de 2025 — El senador Waldo Fernández, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), lanzó un fuerte llamado al gobierno de Nuevo León al señalar que la administración encabezada por Samuel García ha fracasado en temas fundamentales como seguridad, movilidad, agua, medio ambiente y finanzas públicas. En entrevista, el legislador advirtió que los cambios recientes en el gabinete estatal responden a cálculos políticos rumbo a la sucesión de 2027, en lugar de atender las verdaderas necesidades de la ciudadanía.

Afirmó que el empresariado regiomontano —conocido por su cultura de trabajo e inversión— enfrenta actualmente un entorno de incertidumbre debido al rezago en infraestructura. “Nuevo León necesita entre 10 y 12 mil millones de pesos anuales en obras, y eso no se ha logrado en los últimos sexenios”, recalcó. Cuestionó además la falta de soluciones estructurales al problema del agua, subrayando que aunque las presas están llenas gracias a un huracán reciente, no hay una estrategia clara para garantizar el abasto a futuro a una población que ya supera por más de un millón de personas la capacidad hídrica actual.

En materia de seguridad, Fernández reconoció una coordinación más efectiva con el gobierno federal desde la llegada del secretario Omar García Harfuch, pero denunció que durante dos años el estado no tuvo fiscal debido a disputas políticas, lo cual debilitó la seguridad pública. También criticó al poder judicial estatal, al señalar que su presidencia fue diseñada “a modo” por intereses del PRIAN, y advirtió que aún no se han aplicado las reformas federales que mandatan una transformación local.

Como representante del estado en la Cámara Alta, el senador destacó que su agenda se centra en resolver cinco grandes crisis en Nuevo León: movilidad, agua, seguridad, medio ambiente y finanzas. Indicó que trabaja en coordinación con autoridades federales, y adelantó que ya presentó una iniciativa relacionada con economía circular para impulsar el desarrollo sustentable en la entidad.

Finalmente, al ser consultado sobre el principio de paridad en el proceso sucesorio estatal, confirmó que no existe un mandato constitucional local que obligue a que la candidatura sea ocupada por una mujer. “Cualquiera puede participar, hombre o mujer; no hay una definición legal vigente”, concluyó.