Ciudad de México, 26 de junio de 2025 — El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado manifestó su rotundo rechazo a la creación de una Plataforma Única de Identidad con CURP biométrica, contemplada en la nueva Ley General en materia de desapariciones. En sesión de comisiones unidas, los senadores Néstor Camarillo Medina y Claudia Anaya Mota advirtieron que la propuesta —impulsada como un avance en la localización de personas— es, en realidad, un instrumento de control político que pone en riesgo la privacidad de millones de mexicanos.

“No vamos a permitir que el oficialismo convierta nuestros datos en un arma de persecución política”, sentenció Camarillo. El legislador denunció que el Gobierno busca disfrazar como modernización un sistema que recopilaría huellas, fotos y datos biométricos de toda la población para centralizarlos en una plataforma digital única. “No estamos a favor de que el gobierno tenga nuestras huellas ni las de nuestras familias”, añadió.

Ambos legisladores criticaron que la iniciativa fue aprobada sin diálogo real con colectivos de víctimas y organizaciones civiles. Más de 100 agrupaciones ya se han manifestado públicamente en contra del dictamen, señalaron. “Pareciera que aquí ya nos cansamos de escuchar”, lamentó Camarillo, quien también recordó que hay más de 129 mil personas desaparecidas en el país.

Por su parte, la senadora zacatecana Claudia Anaya elevó el tono del reclamo: “Estamos frente a una crisis humanitaria. En el sexenio del presidente López Obrador desaparecieron 52 mil personas, y en mayo de este año ya eran 45 al día”. Denunció que el Estado ha dejado en manos de las madres buscadoras la responsabilidad de hallar a sus seres queridos: “Los principales hallazgos de fosas han sido suyos, no de las autoridades”, afirmó.

Anaya cuestionó severamente la falta de autonomía y recursos de la Comisión Nacional de Búsqueda, así como el riesgo de que los datos biométricos sean utilizados indebidamente. “¿Cómo aseguran la protección de nuestros datos si no hay un instituto autónomo que los regule? Recordemos el caso del fiscal Veytia en Nayarit: desde su oficina se organizaban secuestros. Eso es lo que estamos permitiendo”, advirtió.

Ambos senadores pidieron detener la aprobación apresurada de esta ley y exigieron construir una legislación que responda a las verdaderas demandas de las víctimas, en lugar de imponer herramientas que podrían derivar en vigilancia masiva y abuso de poder.