Ciudad de México, 27 de junio de 2025 — El coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, lanzó una férrea crítica a la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión al asegurar que, pese a modificaciones de última hora, “siguen vigentes los rasgos autoritarios de un gobierno espía que busca el control total de la ciudadanía”.

En entrevista, el legislador reconoció algunos ajustes realizados por la presión de la oposición y la sociedad civil —como la eliminación de los artículos 109, 201 y 202, que permitían censura previa y afectaban noticieros extranjeros, así como correcciones a artículos que violaban el T-MEC—. Sin embargo, advirtió que tres aspectos “altamente peligrosos” permanecen intocados:

  1. Suspensión de transmisiones por criterios vagos sobre los “derechos de las audiencias”, lo que abriría la puerta a bloqueos discrecionales de contenidos en radio y televisión.
  2. Geolocalización en tiempo real sin orden judicial, lo que calificó como una “absoluta violación a la privacidad” que recuerda las prácticas de gobiernos autoritarios.
  3. Reactivación del Padrón de Telefonía Móvil en los artículos transitorios, lo que implicaría la entrega de CURP y datos biométricos, y pondría en riesgo la libertad individual al “facilitar la instalación de software intrusivo como Pegasus”.

“Quieren saber a qué hora sales, con quién te reúnes, qué compras, dónde duermes… sin necesidad de juez, sin controles. Es un modelo de vigilancia masiva nunca antes visto en México”, señaló.

Anaya insistió en que el riesgo es mayor porque ya no existen contrapesos como el INAI, ni un Poder Judicial autónomo. “Sin controles democráticos, lo que quieren es un cheque en blanco disfrazado de modernización”, acusó.

El panista también se pronunció respecto a la alerta emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero en Intercam Banco, CI Banco y especialmente Grupo Vector. Dijo que, de confirmarse los vínculos con el crimen organizado, sería “un escándalo de Estado” y exigió la comparecencia de los titulares de Hacienda y la CNBV. “El propio gobierno tiene documentos que prueban que sabía y no actuó”, aseguró.

Finalmente, Anaya advirtió que, de aprobarse la ley sin los cambios propuestos, persistirá como una amenaza directa contra los derechos humanos. “Habrá que llamarla por su nombre: la ley espía y la ley censura”, sentenció.