Ciudad de México, 27 de junio de 2025 — El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado expresó un rechazo frontal al dictamen de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, al considerar que no garantiza justicia para las víctimas ni responde a las exigencias de los colectivos de búsqueda. “No es una herramienta de humanidad, es un instrumento de control”, denunciaron desde tribuna.

La senadora Karla Toledo Zamora afirmó que México no necesita más plataformas de vigilancia, sino policías capacitados, fiscalías funcionales, servicios forenses con recursos y comisiones de búsqueda bien financiadas. Criticó que la iniciativa “no nace de las voces que buscan a sus desaparecidos, sino del escritorio del poder”.

Desde su bancada, la senadora Claudia Anaya se posicionó como portavoz de los colectivos ciudadanos: “Esta ley no resuelve el problema. Los protocolos ya existen, pero cada instancia busca cosas diferentes”. Advirtió que el diseño institucional “es inoperante”, y propuso reformar el tipo penal de desaparición cometida por particulares y dotar de facultades ministeriales reales a la Comisión Nacional de Búsqueda.

Anaya también alertó sobre el trasfondo de vigilancia de la reforma: “El uso masivo de datos biométricos no encuentra personas, pero sí pone en riesgo a toda la población”.

Por su parte, el senador Miguel Ángel Riquelme tachó la reforma de “insensible, inoperante y autoritaria”, al señalar que no contempla recursos adicionales para mejorar el sistema forense, las fiscalías ni las comisiones estatales de búsqueda. “Lo único que crece es el aparato de control”, enfatizó.

El senador Ángel García Yáñez fue más allá: advirtió que la propuesta “explota el sufrimiento de las madres buscadoras” para justificar una plataforma de vigilancia masiva que no combate al crimen ni fortalece la investigación.

La senadora Geraldina García Gordillo, en un tono más filosófico, denunció que “la violencia se disfraza con la mentira, y la mentira se sostiene con la violencia”, al acusar que esta reforma normaliza un Estado de vigilancia en lugar de brindar soluciones reales.

Desde el PRI, el mensaje fue claro: “No se puede usar el dolor como herramienta política”. El grupo parlamentario exigió legislar con ética, responsabilidad y de la mano de las verdaderas víctimas: quienes no han dejado de buscar a sus seres queridos.