Ciudad de México, 28 de junio de 2025 — El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado lanzó una dura embestida contra la reforma que propone la creación de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, al acusar que se trata de una maniobra para centralizar el poder económico en el Ejecutivo, eliminar la autonomía regulatoria y silenciar los contrapesos institucionales en materia de competencia.

Desde tribuna, los senadores Miguel Ángel Riquelme Solís, Geraldina García Gordillo y Cristina Ruiz Sandoval rechazaron categóricamente el dictamen, al considerarlo un retroceso que pone en riesgo la imparcialidad, la eficiencia y la protección al consumidor.

“Es un desmantelamiento más de los pilares que garantizan mercados abiertos y consumidores protegidos”, advirtió Riquelme, al señalar que la nueva comisión quedará subordinada a la Secretaría de Economía y expuesta a decisiones dictadas “al antojo del poder”.

La senadora Geraldina García fue más allá al calificar el nuevo órgano como “instrumento de control político diseñado para operar bajo consigna”, sin autonomía técnica ni garantías de imparcialidad. Advirtió que la iniciativa otorga al Ejecutivo un “poder sin precedentes”: designar comisionados a modo, removerlos discrecionalmente y utilizar la institución para castigar a quienes compitan sin alinearse al poder.

Por su parte, Cristina Ruiz Sandoval denunció que esta comisión es “un traje a la medida para el control político”, y que lejos de fomentar la competencia o proteger a los consumidores, representa un peligro de captura institucional por parte del gobierno.

Riesgos legales y económicos

El PRI también advirtió que la reforma:

  • Elimina filtros técnicos y debilita la especialización operativa del regulador.
  • Fusiona funciones con telecomunicaciones y radiodifusión, generando concentración indebida.
  • Permite imponer sanciones sin control judicial previo.
  • Impide emitir opiniones técnicas o presentar controversias constitucionales, lo que viola compromisos asumidos por México en tratados internacionales como el T-MEC.

En conjunto, los legisladores priistas advirtieron que el discurso oficial de “simplificación administrativa” encubre un giro hacia el autoritarismo económico, bajo una estructura donde el Ejecutivo controla, sanciona y define el terreno de juego económico sin contrapesos reales.