Con 68 votos a favor y 35 en contra, el Senado de la República aprobó en lo general el dictamen que plantea la creación de la Comisión Nacional Antimonopolio, un nuevo organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Economía. Esta iniciativa, que ahora será discutida en la Cámara de Diputados, implica la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la transferencia de sus funciones al Ejecutivo Federal.

La propuesta busca reformar tanto la Ley Federal de Competencia Económica como la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, con el objetivo de rediseñar la estructura institucional encargada de garantizar la libre concurrencia y competencia económica en el país. Según sus promotores, se trata de una medida para fortalecer la rectoría económica del Estado, administrando los recursos públicos bajo principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Durante la discusión en el Pleno, senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano intentaron introducir diversas modificaciones a artículos clave de la Ley Federal de Competencia Económica, incluyendo los artículos 3, 12, 13 bis, 18, 23, 31, 54, 77 bis, 136, 140, 141 y 142. Sin embargo, la mayoría legislativa rechazó las propuestas y aprobó el dictamen en lo particular con 72 votos a favor y 34 en contra.

Uno de los principales argumentos del bloque mayoritario fue presentado por la senadora de Morena, Martha Lucía Micher Camarena, quien aseguró que la creación de la Comisión Nacional Antimonopolio representa un paso adelante en la modernización institucional. “Este proyecto busca recuperar el control del Estado sobre los intereses económicos y hacer de la competencia un instrumento real en favor de las familias mexicanas”, afirmó.

En contraste, la oposición expresó su preocupación por lo que consideran una peligrosa concentración de poder en el Ejecutivo. El coordinador del PAN, Marko Cortés Mendoza, señaló que esta reforma “destruye los contrapesos y los controles constitucionales” al colocar las decisiones sobre competencia económica bajo el control directo del gobierno federal, generando incertidumbre, desempleo y desincentivando la inversión.

Desde el PRI, el senador Miguel Ángel Riquelme Solís calificó la propuesta como “profundamente regresiva”, al poner en riesgo la imparcialidad y la certeza jurídica que garantizaba un órgano autónomo como la Cofece. “No se puede hablar de simplificación administrativa cuando lo que se hace es subordinar una función crítica a intereses políticos”, advirtió.

Por su parte, el senador Waldo Fernández González, del PVEM, defendió la iniciativa al argumentar que el país necesita una autoridad capaz de combatir prácticas monopólicas en sectores donde la competencia es desigual. “La nueva comisión tendrá herramientas reales para actuar contra quienes distorsionan el mercado y afectan a millones de consumidores”, expresó.

Desde el Partido del Trabajo, Yeidckol Polevnsky Gurwitz afirmó que la reforma no implica un ataque a los trabajadores, sino una estrategia de austeridad enfocada en reducir costos innecesarios, como grandes edificios u órganos duplicados. Aseguró además que la nueva institución permitirá al sector empresarial ser escuchado y fomentará la competitividad.

No obstante, la postura crítica también resonó en las filas de Movimiento Ciudadano. El senador Francisco Daniel Barreda Pavón acusó que esta reforma debilita las instituciones y daña la competitividad del país. “Quitarle autonomía a una autoridad que debería ser técnica y objetiva, y ponerla bajo la tutela del Ejecutivo, significa retroceder décadas en materia de política de competencia”, sentenció.

El dictamen ahora será turnado a la Cámara de Diputados, donde se espera una discusión igual de polarizada. De aprobarse en sus términos, la nueva Comisión Nacional Antimonopolio sustituirá oficialmente a la Cofece, marcando un punto de inflexión en la arquitectura institucional del país en materia de regulación económica. La gran pregunta que se cierne sobre esta transformación es si realmente garantizará una competencia más justa o si, por el contrario, abrirá la puerta a una mayor intervención política en decisiones clave del mercado.