Ciudad de México.— Con 88 votos a favor y 16 en contra en lo general, el Senado de la República aprobó este lunes la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, considerada por el bloque oficialista como una herramienta para coordinar mejor a las instituciones de seguridad del país. Sin embargo, desde la oposición no tardaron en calificar la aprobación como un paso hacia la militarización, el control político y la vigilancia sobre la población.

En lo particular, fueron rechazadas las reservas a siete artículos clave del dictamen, que terminaron por ser aprobados con 77 votos a favor y 30 en contra. El documento fue remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales, en medio de un debate crispado y denuncias por parte de distintos grupos parlamentarios que acusaron falta de transparencia, prisas legislativas y posibles violaciones a derechos fundamentales.

“Están arrebatando derechos con reformas para instaurar un Estado policial-militar”, acusó Miguel Ángel Riquelme Solís (PRI), quien advirtió que el periodo extraordinario quedará marcado por su falta de apertura democrática.

Morena y aliados cierran filas

Desde el oficialismo, la senadora Blanca Judith Díaz Delgado (Morena) defendió la minuta y subrayó que representa un avance jurídico para dotar al país de instituciones más sólidas:

“Somos agentes de cambio en un momento histórico, donde consolidamos un México más justo y seguro”, aseguró.

También respaldaron el dictamen las bancadas del PT y del PVEM, que destacaron la integración de herramientas tecnológicas para prevención del delito y mayor colaboración interinstitucional entre los tres niveles de gobierno.

“Mejoran la eficacia contra el crimen, fortalecen el Estado de derecho y atacan la impunidad”, sostuvo la senadora Lizeth Sánchez García (PT).

Oposición en alerta: “Es una trampa legal para vigilar ciudadanos”.

Desde el PAN, el senador Ricardo Anaya Cortés hizo una diferenciación tajante: respaldaron la nueva Ley de Seguridad por reconocer el fracaso del enfoque de “abrazos y no balazos”, pero se manifestaron en contra de la Ley de Investigación e Inteligencia, a la que calificó como la consolidación de un “gobierno espía”.

“Este dictamen es el último clavo al ataúd para acabar con la privacidad en México”, denunció Anaya.

En el mismo sentido, la senadora Cristina Ruiz Sandoval (PRI) elevó el tono al afirmar que esta legislación “es una máscara para ocultar el narcoestado morenista”, y que busca blindar políticamente al gobierno en lugar de atender a las víctimas de la violencia:

“México está en llamas y esta ley es gasolina. No hay controles ni protección a la ciudadanía; sólo vigilancia y opacidad”, sentenció.

Incluso desde Movimiento Ciudadano, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno reconoció la urgencia de reforzar la seguridad pública, pero exigió garantías democráticas:

“Nos pronunciamos por la paz, pero con controles y respeto irrestricto a los derechos humanos.”