1. Desmantelar redes criminales que operan entre ambos países y generan violencia transnacional.

2. Cooperación económica y de seguridad para fortalecer la estabilidad regional en América del Norte.

3. Vigilancia compartida y combate al fentanilo, tráfico de armas y lavado de dinero.

Ciudad de México – Washington D.C.— En un momento político cargado de tensiones y desafíos compartidos, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo una llamada oficial con el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente, en la que ambos reafirmaron su compromiso mutuo para reforzar la cooperación bilateral en seguridad, combatir a las organizaciones criminales transnacionales y fortalecer la estabilidad regional de América del Norte.

La conversación —celebrada en medio del debate legislativo mexicano sobre nuevas leyes de inteligencia y vigilancia— marca un nuevo punto de inflexión en la relación bilateral: más presión internacional sobre el crimen organizado, pero también una creciente expectativa de resultados del lado mexicano.

“Ambos líderes coincidieron en trabajar juntos para desmantelar organizaciones delictivas que envenenan nuestras comunidades, amenazan la soberanía de México y matan a nuestros ciudadanos”, informó el Departamento de Estado.

Doble juego: apoyo y presión desde Washington

Aunque el tono oficial del mensaje fue de cooperación, en los círculos diplomáticos el llamado es percibido también como una advertencia implícita: Estados Unidos exige resultados tangibles frente al crimen organizado, al tiempo que discute medidas controversiales como el impuesto a las remesas mexicanas.

Rubio —quien ha mantenido un discurso duro sobre México— reconoció el despliegue de elementos mexicanos en la frontera sur y los avances en temas migratorios, pero insistió en la necesidad de frenar el tráfico de fentanilo, armas y dinero ilícito, fenómenos que siguen impactando a ambos lados de la frontera.

Por su parte, De la Fuente reiteró el compromiso de México, aunque también habría manifestado la preocupación por políticas unilaterales desde EE. UU., como el posible cobro del 3.5% a las remesas, medida que golpearía directamente a más de 11 millones de familias mexicanas.

Seguridad regional y soberanía compartida

Ambas naciones acordaron mantener abierto el canal diplomático y cooperar en:

  • El intercambio de inteligencia sobre rutas de narcotráfico y estructuras delictivas.
  • La seguridad económica regional y atracción de inversiones estratégicas.
  • El combate a organizaciones terroristas transnacionales, no sólo desde el punto de vista militar, sino financiero y operativo.

El gobierno mexicano también habría recordado que la seguridad compartida debe ser respetuosa de la soberanía nacional, ante posturas en Washington que plantean intervenciones extraterritoriales.