Ciudad de México.— Con 77 votos a favor y 30 en contra, el Senado de la República aprobó la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, una reforma estructural que redefine el acceso a Internet como un derecho universal en México. Desde la tribuna, senadoras y senadores del Partido Verde celebraron lo que calificaron como un avance histórico en materia de justicia digital y combate a la desigualdad.

La senadora Rocío Corona Nakamura subrayó que la nueva legislación redistribuye el espectro radioeléctrico hacia comunidades marginadas, prohíbe la contratación de propaganda extranjera en medios y establece mecanismos para conectar a más de 15 millones de personas que hoy carecen de acceso a Internet, especialmente en zonas rurales de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

“No se trata de un Big Brother, sino de justicia social”, afirmó la legisladora jalisciense, al destacar que más de 15 mil localidades aún no cuentan ni con radio ni televisión.

El senador Waldo Fernández González respaldó la reforma al señalar que millones de personas en México siguen sin cobertura digital, lo que limita su acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud y la participación democrática. “Esta ley transforma la conectividad en una política social; no más exclusión digital, no más privilegios”, sentenció.

La nueva ley también contempla la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que sustituirá al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, un órgano técnico que supervisará el uso del espectro y garantizará el equilibrio institucional.

En respuesta a las críticas que acusan a la reforma de instaurar un “Estado vigilante”, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín aclaró que los artículos sobre geolocalización ya existían desde 2014 y que cualquier solicitud debe ser autorizada por un juez. “Los intentos por desinformar solo buscan sabotear un avance histórico para el país”, advirtió.

La reforma también reconoce a las redes comunitarias, indígenas y afromexicanas como actores clave en el ecosistema digital, y establece medidas de accesibilidad para personas con discapacidad y enfoque de género.

El dictamen fue impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de su agenda de transformación digital y ahora pasará a la Cámara de Diputados para su revisión final.