El diputado Ricardo Monreal Ávila (Morena) presentó una iniciativa para modificar la Ley General de Salud a fin de prohibir la venta, suministro y distribución de bebidas energéticas a menores de 18 años, en establecimientos comerciales y cualquier otro canal de promoción o entrega.

La propuesta contempla reformas a los artículos 215 y 419, y la adición del 216 Ter, además de establecer sanciones de hasta dos mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quienes incumplan esta restricción.

En su iniciativa, Monreal define a las bebidas energéticas como productos no alcohólicos que contienen ingredientes estimulantes como cafeína, taurina, guaraná, ginseng, glucuronolactona y vitaminas del grupo B, comercializados para aumentar el estado de alerta, energía física o mental. Advierte que su consumo frecuente en menores puede tener consecuencias graves.

En la exposición de motivos, el legislador enfatiza que el objetivo es proteger la salud de niñas, niños y adolescentes, quienes se encuentran en etapas sensibles de crecimiento y desarrollo. La alta concentración de estimulantes y azúcares puede provocar desde insomnio y ansiedad hasta afecciones cardiovasculares, diabetes tipo 2 y alteraciones emocionales.

Monreal subraya que estas bebidas suelen presentarse como aliadas para el rendimiento físico, pero en realidad pueden aumentar el riesgo de deshidratación y colapsos durante actividades deportivas intensas. También alerta sobre una posible relación entre su consumo y trastornos del sueño, dificultades cognitivas y alteraciones en el estado de ánimo.

La iniciativa cita recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que sugieren reducir la ingesta de azúcares libres y regular la publicidad de productos poco saludables dirigida a menores.

Finalmente, Monreal destaca que su propuesta no busca limitar el consumo en adultos, sino establecer un marco legal preventivo que blinde el bienestar físico y emocional de los menores, en cumplimiento con las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado mexicano.