Ante el aumento de redadas y deportaciones ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, senadoras del Partido del Trabajo (PT) junto con el coordinador de su bancada en el Senado, Alberto Anaya Gutiérrez, solicitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores fortalecer la red consular con acciones preventivas que promuevan y defiendan los derechos de los mexicanos en territorio estadounidense.

Mediante un punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente, las senadoras Geovanna Bañuelos, Ana Karen Hernández, Liz Sánchez y Yeidckol Polevnsky también pidieron a los 32 gobiernos estatales diseñar políticas públicas para facilitar la reintegración social y laboral de migrantes retornados en sus comunidades de origen.

Mediante un punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente, las senadoras Geovanna Bañuelos, Ana Karen Hernández, Liz Sánchez y Yeidckol Polevnsky también pidieron a los 32 gobiernos estatales diseñar políticas públicas para facilitar la reintegración social y laboral de migrantes retornados en sus comunidades de origen.

El documento señala que la situación migratoria en EE.UU. atraviesa uno de sus momentos más críticos en décadas. Redadas sin distinción, miedo generalizado y deportaciones injustificadas afectan a personas con años de residencia, hijos ciudadanos y trabajos dignos.

La senadora Geovanna Bañuelos enfatizó que se trata de un problema de derechos humanos, justicia y dignidad, no solo de política exterior. Recordó que durante la administración de Donald Trump se impulsó una meta de un millón de deportaciones en su primer año.

“El desconocimiento de sus derechos expone aún más a los migrantes mexicanos a abusos y arbitrariedades”, advirtió la legisladora, quien propuso transformar la red consular en un sistema proactivo y pedagógico, con campañas informativas, talleres comunitarios, alianzas locales y el uso de plataformas digitales.

Entre los derechos ignorados por muchos migrantes, destacó: el derecho a guardar silencio, no firmar sin asesoría legal, acceso a representación jurídica y comunicación con el consulado en casos de detención.

“Proteger a nuestros connacionales debe ir más allá de la asistencia legal post-deportación. Se necesita prevención y acompañamiento sostenido”, sentenció Bañuelos, y subrayó que los derechos humanos son inherentes a todas las personas, con o sin papeles.

El punto de acuerdo fue turnado a la Primera Comisión de la Comisión Permanente para su análisis y eventual dictaminación.